Las denuncias sobre la mala utilización de los carnés que se otorgan a las personas con discapacidad movió a colectivos de estos grupos humanos  para pedir reformas urgentes a la ley de discapacidades.

De esta manera se busca promover que las personas con discapacidad puedan vivir en igualdad, sin discriminación, regulando los derechos y beneficios específicos que protegen a este sector de la población.

La Constitución promueve la igualdad y no discriminación y procura la equiparación de oportunidades en lo que se refiere a la atención especializada en salud, rehabilitación integral con asistencia permanente, rebajas en servicios públicos o privados, transporte y espectáculos.

Así mismo, exenciones en el régimen tributario, trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, vivienda adecuada, educación especializada, atención psicológica, acceso adecuado a bienes y servicios.

La aparición de personas que se han beneficiado irregularmente de estos derechos amerita un cambio en la Ley de Discapacidades para evitar los abusos y que se refuercen los derechos, opinó Aquiles Hervas, representante del Grupo Contra Corriente.

El colectivo acudió a la Asamblea para presentar un proyecto de ley que se basa en 3 puntales: abolición del mal uso o utilización fraudulenta del derecho de poblaciones con discapacidades. Promoción de la recuperación de los recursos obtenidos de manera inmoral por funcionarios, quienes dolosamente sacaron ventaja, y reincorporación de normas que no permitían el mal uso de esta ley.

Hervas mencionó que en octubre de 2018, la Asamblea aprobó una reforma  al artículo 80 de esta normativa que prohíbe que se hagan revaluaciones  al porcentaje de la discapacidad presentada al momento de sacar el carné.

Esto causa un perjuicio a las personas que por condiciones propias de la enfermedad que padecen, sufren cambios en su condición.

Además considera que promovió la corrupción de quienes obtuvieron fraudulentamente el documento,  pues nadie puede volver a evaluarlos. “Se debe investigar quién y con qué propósito se aprobó la reforma”, enfatizó Hervas.

Víctor Anchaluisa perdió su pierna izquierda por una descarga eléctrica hace 30 años y hace cinco inició un trámite para importar un auto que lo ayudara con su trabajo, pero hasta la fecha no logra la aprobación.

En el examen que le hicieron en el Ministerio de Salud para darle el carné le  aprobaron el 66% de incapacidad.

Por ello fustigó la manera en que se ha autorizado a personas con supuestas deficiencia auditivas a traer automóviles de alta gama en corto tiempo. “Es un abuso, la ley debe cambiarse para que beneficie a quienes lo necesitamos; es un derecho”.

Desde una perspectiva jurídica, la inclusión pretende que aquellos individuos que por diversos motivos sufren de alguna discapacidad tengan beneficios que permitan integrarlos en la sociedad y que, bajo una premisa de justicia social, puedan reponer aquellas circunstancias adversas que afrontan, opinó Andrés Ricaurte Pazmiño, docente de la  Universidad Internacional del Ecuador.

El Reglamento a la Ley establece el grado de discapacidad con relación al porcentaje para la aplicación del beneficio; pero la normativa no podrá suplir vacíos éticos y morales de personas inescrupulosas que modifican las reglas a su favor.

Por ello es necesario empezar un proceso de reformas para mayor seguridad al procedimiento de otorgamiento del carné, porcentajes para la aplicación de beneficios y procurar que solo aquellos que realmente lo merecen accedan a estos elementos inclusivos, manteniendo todos los derechos. (I)