César Montaño: La Universidad Andina resistió y ganó la lucha en el correísmo

El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), César Montaño,  recordó el acoso que sufrió la institución y él mismo durante el gobierno de Rafael Correa. También el intento de apoderarse de ella para callar con las voces críticas y de imponerles a correístas que se consideraban académicos. Esa Universidad pagó un alto precio por oponerse al abuso de poder, pero defendió principios, legalidad y verdad, resistió y ganó la lucha.

René Ramírez, el ex Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y ex presidente del Consejo de Educación Superior, desconoció su rectoría, lo obligó a poner a un reemplazo y no les entregó los recursos del Estado, que les correspondía porque son cofinanciadas. Aunque consiguieron el apoyo de rectores de universidades, otros prefirieron mirar hacia otro lado. Ese régimen impuso el Consejo Superior, pero nunca fue reconocido por la Universidad.

Con el presidente Lenín Moreno esa situación cambió radicalmente. Se hicieron gestiones al más alto nivel con los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) y con su máxima autoridad de la Secretaría General, activaron un grupo de trabajo para tratar ese tema. Los presidentes y los cancilleres de la CAN tomaron la decisión de fortalecer la institucionalidad y la autonomía de la UASB, con la reforma a los estatutos y la conformación de un nuevo Consejo Superior.

Para Montaño, quien fue restituido a su cargo por la Corte Constitucional en 2018, es un paso histórico que coincide con una época de consolidación académica, y a pesar de todas las adversidades de los últimos tiempos.

En la década de Rafael Correa, en los años 2015, 2016 y 2017, la Universidad sufrió un intento de intervención por parte del gobierno. ¿Por qué razones?

Identifico algunas, por ejemplo, las voces críticas de algunos docentes de la Universidad sobre políticas y acciones del régimen; el informe de derechos humanos (2011), elaborado por el Programa Andino de Derechos Humanos; la colaboración académica de dos docentes en el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 y 2014, de Transparencia Internacional (TI).

También el interés de apoderarse de la Universidad para clausurar la crítica académica y contar con una institución que albergue a los correístas que se consideraban académicos. Recordemos que los gobiernos del fracasado Socialismo del Siglo XXI, como el que tuvo por una década el Ecuador, se tomaron las instituciones más importantes de la sociedad, entre ellas, las universidades, en este sentido, evidentemente que la Universidad Andina les apetecía.

La Universidad Andina era crítica y no calló lo que ocurría en esos años: persecución, hostigamiento a opositores, líderes sociales, periodistas, indígenas. ¿Cree que pagaron un alto precio por decir la verdad?

Un alto precio sí, pero era nuestro deber, pese a todo el daño causado hemos podido demostrar que cuando se defiende principios, legalidad y verdad es posible sumar en la resistencia y ganar la lucha.

Nuestra comunidad universitaria tuvo el apoyo firme de muchos y amplios sectores de la sociedad, de organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, trabajadores, periodistas, gente de opinión pública. Más de mil académicos de todo el mundo exigieron respeto a la autonomía universitaria y al pensamiento crítico.

Desconocieron su rectoría, los obligaron a poner a un reemplazo, no les entregaron los recursos del Estado. ¿Cuánto pesó eso en la academia y en la moral de estudiantes y docentes?

Con orgullo podemos decir que a pesar del irracional asedio que sufrimos, la Universidad no paralizó sus actividades educativas y administrativas ni un solo día; esto se logró gracias al compromiso de estudiantes, docentes, funcionarios y trabajadores.

En todo ese tiempo hubo temor ante las frecuentes amenazas y acciones del poder, sin embargo, pudo más el coraje para defender la decisión soberana de los diferentes estamentos cuando eligió a su rector legítimo en 2015.

Nuestra comunidad también apoyó decididamente a Jaime Breilh en su rectorado, quien condujo la institución por un poco más de dos años defendiéndola con éxito del acoso oficial y sus amenazas.

Luego, en 2018 retomé la conducción de la casa de estudios. La lucha de nuestra comunidad con cada uno de sus líderes y autoridades ha estado unida por un hilo conductor irrompible que tensa la defensa efectiva de principios, y el compromiso para lograr el fortalecimiento de una institución cuya razón de ser es la sociedad.

Pero la Andina era la única universidad que resistió ese acoso. El resto de las universidades siguieron aplaudiendo a Correa y callando. ¿Es un triste papel que la academia se funcionalice a un gobierno autoritario y corrupto, no cree?

En efecto, pero contamos con el apoyo de un grupo importante de rectores, aunque ciertamente, otros prefirieron mirar para otro lado, es penoso decirlo pero así ocurrió.

La institución universitaria es autónoma por definición, solo así puede cumplir su misión en provecho de la sociedad; el no estar atada a condicionamiento políticos, económicos o de otra índole es una garantía para su desempeño.

El gobierno de turno pisoteó la autonomía, chantajeó con la entrega de rentas y la categorización, burocratizó el sistema de educación superior, desmovilizó al sector estudiantil y lo perjudicó en materia de cupos en las universidades, y persiguió a quienes cuestionaban sus políticas, regulaciones y decisiones.

¿Cómo evitar que eso ocurra en el futuro?

Cuando la política partidista entra en la vida universitaria todo puede ocurrir, a tal punto que se puede perder la racionalidad inherente a su naturaleza. Pienso que al menos son tres los ingredientes más eficaces contra el abuso de poder, de manera general, y que pueden servir en el ámbito de la educación superior; hablo de lo importante que es contar con institucionalidad, con reglas idóneas y claras, y con justicia para eliminar cualquier resquicio de impunidad.

 En específico, para la universidad será de gran valor fortalecer la autonomía como garantía y coraza ante cualquier intento de funcionalizarla, lo que incluye buscar los mecanismos que garanticen también la autonomía financiera.

Usted, que ganó con mayoría, fue restituido a su cargo por la Corte Constitucional en abril de 2018. ¿Podría demandar en cortes internacionales al Estado ecuatoriano por este tema?

Un daño como el que me tocó sufrir a mí y a nuestra comunidad universitaria, efectivamente puede ser materia de litigio en cortes internacionales, pero ante el proceso legal que impulsé se recibió la tutela esperada por parte de la Corte Constitucional, lo que significó una restitución bastante completa de los derechos que fueron vulnerados, esto incluyó la restitución del cargo de rector.

Más bien, considero que la acción que estaría pendiente es la del Estado en contra de los responsables que abusaron del poder, violaron derechos de toda una comunidad universitaria.

René Ramírez era el títere del expresidente. ¿Qué hizo él en todo este ataque a la Universidad Andina?

Fue un personaje funcional a las órdenes emitidas desde Carondelet; jugó un papel nefasto en las universidades junto a algunos operadores que tenía en el Consejo de Educación Superior y a funcionarios del Parlamento Andino de ese entonces.

Ramírez operaba con doble estándar, por un lado, actuaba con aparente apertura para dialogar, y por otro, abusando del poder público que coyunturalmente ejercía, comandaba acciones que perjudicaban a nuestra casa de estudios y a la comunidad.

En la década correísta, se pretendió una falsa excelencia en las universidades: exigencia del PhD para rectores y profesores; mientras más títulos tenía un docente era mejor; se limitó la edad del trabajo cuando en Europa los docentes tienen más de 70 años. ¿Qué puede decir de todo eso?

Uno de los tantos errores que cometieron fue desconocer precisamente la valía de gente con experiencia, no solo para diseñar las políticas y normas, y para organizar las instancias gubernamentales de la educación superior, sino para que las universidades casa adentro puedan contar con los mejores académicos.

Infelizmente impusieron el criterio de la supuesta meritocracia, para enrolar en las universidades a gente con títulos incluso de dudosa calidad y sin experiencia en docencia e investigación, lo que les afectó sensiblemente en la calidad de su desempeño.

Por desconocimiento de la realidad ecuatoriana y de la historia de la universidad en el país impusieron criterios y exigencias copiadas de otras realidades, lo que complicó el desempeño académico, así como el manejo administrativo y financiero de las universidades.

Pero quedó pendiente un conflicto con la Andina, el Consejo Superior designado con los amigos del correísmo, intentaba seguir controlado a la institución, ¿Cómo resolvieron esto?

Nuestra comunidad universitaria nunca reconoció a ese Consejo Superior espurio. Luego del cambio de gobierno se realizaron muchas gestiones al más alto nivel, con los cancilleres de los Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) y con la máxima autoridad de la Secretaría General de la misma Comunidad, lo que permitió activar un Grupo de Trabajo para tratar el tema de la Universidad.

Más adelante, en julio del presente año en el marco de la XX Cumbre Presidencial Andina, los jefes de gobierno instruyeron a los ministros de relaciones exteriores para que adopten una normativa supranacional que permita la reinstitucionalización de la Universidad y su fortalecimiento.

Una vez dictada la normativa fue posible reconducir la institucionalidad con la integración de un Consejo Superior provisional que hace pocos días reformó el estatuto universitario, realizó varios cambios sustanciales que estaban pendientes desde hace aproximadamente ocho años.

¿Qué reformas hicieron al estatuto que fueron aprobadas finalmente el 3 de noviembre de 2020?

Destaco los puntos más importantes: se reafirma la naturaleza y personalidad jurídica internacional y comunitaria; se profundiza la autonomía al no depender la universidad de ningún otro órgano del Sistema Andino de Integración.

Se define la nueva estructura que tendrá el Consejo Superior definitivo con una presencia mayoritaria de académicos, lo que favorecerá la gobernanza; sitúa enteramente en el propio Consejo Superior el poder de reforma del Estatuto; establece un consejo universitario en la sede nacional.

También ratifica la calidad de los programas académicos, su evaluación y acreditación, así como el carácter internacional de su docencia y titulaciones; reconoce y garantiza con amplitud los derechos de la comunidad universitaria; determina claramente las condiciones para la eventual ampliación de la universidad a otros países miembros y no miembros de la CAN.

Uno de ellos profundiza la autonomía de la Universidad Andina Simón Bolívar al eliminar cualquier dependencia de otro órgano o institución del Sistema Andino de Integración. ¿Esto es lo óptimo, pero no es mejor tener autonomía plena para que ningún gobierno haga lo mismo que Correa?

Ahora es lo posible, pero estamos seguros de que hemos dado un paso muy importante que constituye un hito en la historia de la Andina, porque al tiempo que representa la victoria en una lucha de resistencia contra el abuso de poder con dimensión nacional y latinoamericana, significa también haber logrado un nivel de autonomía que le permitirá cumplir su rol con mejores posibilidades.

La autonomía total o absoluta no es factible, pues siempre debemos cumplir las exigencias propias del proyecto de integración andina, como las de políticas y normas de la educación superior nacional. Además, bastante conocemos que cuando la política de servicio pierde su rumbo, puede convertirse en instrumento al servicio de políticos inescrupulosos que se creen por encima de las leyes y de los principios; lamentablemente, este riesgo siempre existirá.

¿Concretamente qué hicieron el excanciller Valencia y el actual Ministro Gallegos en este tema?

Ellos y otros personeros del servicio exterior han apoyado decididamente a la Universidad en su cruzada por la institucionalidad y el fortalecimiento. Con el excanciller José Valencia logramos que el Estado ecuatoriano prácticamente desconozca al Consejo Superior espurio tomado por las autoridades del Parlamento Andino de ese entonces, y más recientemente, el impulso del tema de la Universidad para su inclusión y definición en la directriz dictada en la cumbre de jefes de gobierno en julio de 2020.

Después, contamos con el apoyo del canciller Luis Gallegos para la adopción de la Decisión supranacional 863 sobre el proceso de fortalecimiento de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Es un avance institucional y  de desarrollo académico, a pesar de la crisis económica. Ustedes tienen 3.000 estudiantes de posgrado con la Oferta Ecuador. ¿En qué consiste?

El paso histórico que hemos dado coincide con una época de consolidación académica de nuestra Universidad. La pandemia impulsó la reinvención a pasos acelerados, al incorporar herramientas tecnológicas de manera más intensa en los procesos de formación de posgrado, no ha sido fácil, pero con decisión y compromiso lo hemos logrado.

Todo esto nos indujo también a ser más creativos en medio de la crisis sanitaria y económica sin precedentes; la Andina siempre se ha destacado por su capacidad de generar propuestas diferentes en beneficio de la sociedad ecuatoriana, es así que con creatividad y un gran esfuerzo financiero, decidimos colectivamente diseñar la Oferta Ecuador, inédita, con 12 programas no presenciales a precios especialmente reducidos; fueron ajustados sobre la base de programas vigentes y aprobados por las instancias de la educación superior; es una propuesta dirigida a profesionales de los sectores más golpeados por la pandemia.

Tenemos estudiantes de prácticamente todas las provincias del país y también del exterior. La Oferta Ecuador significa mucho más trabajo para los docentes y funcionarios, pero es nuestra responsabilidad contribuir con la reactivación económica de la sociedad y el fortalecimiento de las aptitudes de nuestros compatriotas; somos convencidos de que la educación es como un motor que nos puede hacer resurgir de la grave crisis que nos aqueja.

En época de crisis, las universidades cofinanciadas o financiadas por los gobiernos sufren recortes. ¿Qué salidas hay a este tipo de problemas?

Según la Constitución, se deben garantizar los recursos para salud y educación, por lo que no es dable aplicar recortes presupuestarios en estos campos, como sí puede suceder en otros de menor trascendencia.

Si no hay recursos suficientes se puede reprogramar los pagos, toda vez que la educación pública debe ser financiada por el Estado, y debe estar en un permanente fortalecimiento. Adicionalmente, sería aconsejable hacer esfuerzos a todo nivel para cuidar la calidad del gasto.

Al mismo tiempo, esa situación puede afectar a la calidad de la educación o al desmoronamiento de la infraestructura universitaria. También hay excesos en los salarios de las autoridades. ¿Qué plantear para evitar todo eso?

Todo recorte afecta directamente la operación de las universidades, menoscabando, sobre todo, la calidad de la docencia y la investigación, oferta académica, cupos, infraestructura, tecnología, etc., con lo cual se perjudica a los alumnos, causando retroceso al sistema; en nuestra casa de estudio nos hemos esforzado al máximo de tal forma que los recortes no ocasionen un impacto de índole cualitativo, pero ciertamente estamos ya en números rojos.

Para mejorar estos y otros tópicos es necesario retomar cuanto antes la discusión de una reforma a fondo de la Ley Orgánica de Educación Superior, pero con la participación directa de los agentes del sistema, es decir, de las propias universidades a través de sus autoridades. Los estudiantes también deben tener un espacio importante en esta tarea.

En Ecuador hay 500 mil estudiantes que no han logrado pasar ese examen de ingreso a las universidades. ¿Usted está a favor o en contra del examen de libre acceso a la universidad?

Se trata de una temática compleja y delicada, puesto que está en juego el futuro de la juventud que desea seguir formándose para sacar adelante al país. Está aún pendiente lograr la democratización de la educación superior, motivo por el cual urgen cambios profundos no solo en la regulación, sino también y previamente a nivel de políticas que además estén enfocadas a mejorar el bachillerato.

No me gusta la fórmula del examen. Los bachilleres deben tener la oportunidad de ingresar a la universidad, además, es su derecho escoger la carrera que les interesa, al efecto, la propia universidad podría establecer su sistema de selección de alumnos.