El jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado para analizar la información del correo de Laura T. Ella es una de las cuatro personas procesadas por el denominado caso Sobornos 2012-2016, que investiga los supuestos aportes ilegales de empresas contratistas con el Estado para Alianza PAIS.

La providencia de la jueza Camacho dictaminó la apertura del correo personal de Laura T., quien fue asistente de la Presidencia (2008-2015) y de la Corte Constitucional (2016 al 2019).

Sin embargo, la Fiscalía solo podrá recopilar la información concerniente a la investigación que desarrolla. Es decir solamente la que está vinculada a supuestas contribuciones ilegales.

Fiscalía además pidió la autorización para acceder a los emails institucionales y personales del exvicepresidente Jorge Glas, dos cuentas de funcionarios de la Vicepresidencia y otras nueve de la Presidencia.

Este requerimiento causó la respuesta del exmandatario, quien aseguró que se está atentando contra la seguridad del Estado al permitirse que se abran esos correos.

La fiscal nacional, Diana Salazar, tiene hasta el próximo 29 de septiembre  de 2019 para recopilar las pruebas a favor y en contra de los acusados.

En las últimas dos semanas, la Fiscal convocó a las personas cuyos nombres aparecen en el archivo Verde Final, donde supuestamente se registraron todos los movimientos de ingreso y egreso de contribuciones ilegales para Alianza PAIS.

La tarde de este lunes 22 de julio de 2019 acudió la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía, quien no dio declaración a su entrada a la Fiscalía. También estaba prevista la recepción de la versión de la legisladora y exsecretaria ejecutiva de Alianza PAIS, Doris Soliz, pero ella no acudió a la diligencia.

Para los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana existe un ataque sistemático en su contra por parte de las autoridades de control y de justicia del país.

Según anunció Soliz, pedirán a la Defensoría del Pueblo que intervenga en su protección, como entidad encargada de velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. (I)