Aparentemente, el itineario era el mismo. Empresarios enviaban cartas al vicepresidente de la República, Jorge G., y luego aparecían en poder de Ricardo R., su tío y uno de los principales sospechosos en la instrucción fiscal que busca revelar la red de corrupción de Odebrecht.

Copias de estas misivas son parte de las pruebas que entregó Alfredo A., testigo protegido y quien supuestamente era el hombre de confianza de Ricardo R. mientras trabajó en Televisión Satelital. Él aseguró a la justicia que sabía las contraseñas de los teléfonos y correos de Ricardo R., por eso tuvo acceso a la documentación que guardaba.

Alfredo A. sacó copia de los correos electrónicos y de fotografías que estuvieron guardadas en la memoria de los teléfonos celulares de Ricardo R. Luego entregó esos archivos a la Policía y a la Fiscalía.

En el desarrollo de la instrucción, Criminalística de la Policía analizó esos archivos y detectó cuatro fotos (capturas de pantalla) de las cartas que empresarios nacionales y extranjeros remitieron al Vicepresidente, durante este 2017, tras ganar las elecciones (ver facsímiles).

La primera de ellas fue del consorcio ‘CCA Panamá Corp’, que buscaba presentarle una propuesta para invertir en la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, las más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

La misiva entró formalmente a la Vicepresidencia el 12 de abril de este año y decía que CCA Panamá Corp  estaba dispuesta a trabajar en la construcción de viviendas, en infraestructura vial y social y en la reparación del aeropuerto de Manta.

CCA Panamá Corp es subsidiaria de CCA (China Construction America), cuya casa matriz es CSCEC (China State Construction Engineering Corporation Ltd), que está catalogada como uno de los conglomerados de inversionistas y de construcción más grandes del mundo.

Su sede está en Panamá y trabajó en ese país y en otros de la región. Su nombre también aparece en la lista de los papeles de Panamá, que reveló el manejo de empresas offshore para evadir los controles de las autoridades judiciales.

Otra de las cartas que consta en las pruebas entregadas por el testigo protegido y que ahora reposa en el expediente fiscal, fue de la empresa ecuatoriana ‘JIK SA’, la cual se dedica a la captación, purificación  y tratamiento de agua para la industria y para otros usos.

En una parte del texto, los representantes de la firma felicitaron al Vicepresidente por su reelección. También le solicitaron que “interceda sus buenos oficios” para tener una cita con Alexis Sánchez, en ese entonces, al frente de la Secretaría Nacional del Agua.

El documento tiene fecha 11 de abril de 2017. Ocho días después, el exsecretario general de la Vicepresidencia, Sergio Ruiz Giraldo, remitió la carta a través del sistema de comunicación oficial Quipux al Secretario del Agua. En el memorándum le pide que analice el requerimiento de la compañía y que si se requiere dé una respuesta al solicitante.

Alexis Sánchez, en una entrevista con este diario, reconoció que recibió el Quipux en la fecha señalada    y dijo que era un trámite normal de sus funciones, pero, aclaró, no se reunió con los delegados de la empresa. Aseguró que nunca tuvo contacto personal o por cualquier otra índole con Ricardo R.

La Fiscalía General del Estado tiene en su poder esos documentos y otros donde se repite el hilo conductor. Por ejemplo, la misma ruta tuvo una carta del consorcio internacional ‘Vea Group’, que se sintió atraído por el potencial minero de  Ecuador a inicios de 2014.

Durante la investigación fiscal se   presentaron funcionarios de la Vicepresidencia y exministros, pero ninguno sabe cómo llegaron esos documentos a poder de Ricardo R. Lo cierto es que un peritaje, esta vez realizado a su computadora, también encontró la carta enviada al Vicepresidente, en la que ‘Vea Group’ le explicaba su deseo de invertir en el proyecto minero Fruta del Norte, uno de los yacimientos de oro más grandes del país, ubicado en Zamora Chinchipe.

Esta misiva llegó al despacho del Vicepresidente el 1 de abril de 2014 y estaba suscrita por Michelangelo Vergopia, apoderado de ‘Vea Group’. El foráneo pedía una cita a Jorge G. para contarle la propuesta y decirle que el Exim Bank de India financiaría Fruta del Norte, lo cual respaldó con comunicaciones suscritas por los interesados.

El 2 de abril de 2014, Sergio Ruiz, exsecretario de la Vicepresidencia, envió toda la documentación a Rafael Poveda, exministro de Sectores Estratégicos, para que responda al empresario. Nuevamente se hizo a través del sistema Quipux, la red de comunicación oficial del Gobierno, que permite intercambiar documentos según la jerarquía del funcionario. El exsecretario de la Vicepresidencia dijo entonces a la Fiscalía que cumplió con el trámite normal y desconocía cómo llegaron esos documentos a Ricardo R.

El exministro Poveda declaró algo parecido. Él aseveró que no entregó, ni facilitó esa documentación a personas ajenas al Ministerio y que tampoco conoce a Ricardo R., ni ha tenido comunicación con él. Agregó que no se concretó la inversión de ‘Vea Group’.

Una relación familiar

El vicepresidente Jorge G. defiende sus actos y asegura que la relación con su tío Ricardo R. era solo familiar. Pero la Fiscalía duda de aquello, por eso sumó al Segundo Mandatario a la investigación por la red de Odebrecht y pidió que sea detenido. Esta medida la cumple en la Cárcel 4 de Quito.

Ricardo R. es considerado por la Fiscalía como uno de los protagonistas en la trama de corrupción de la empresa brasileña. El exdirector de la constructora en Ecuador, José Conceição Santos, aseguró a la justicia que le entregó $ 14 millones para que, supuestamente, interceda con Jorge G. para el retorno de Odebrecht al país y para que se convierta en el ganador de cinco obras de magnitud que realizó el Gobierno. Para demostrar sus palabras grabó en secreto sus reuniones y conversaciones con Ricardo R.

Los acusados piden “mantener la objetividad dentro de la investigación” de la Fiscalía. Aníbal Quinde, abogado de Ricardo R., sostuvo que no se habla de una asociación ilícita por cualquier documento que, presuntamente, fue encontrado en la computadora o teléfonos de su cliente y que antes fue enviado a la Vicepresidencia de la República.

Para demostrar algún tipo de relación irregular, recalcó Quinde, deben hallarse pruebas que evidencien el eje de la indagación. Es decir  los supuestos sobornos de Odebrecht. “No hay ninguna evidencia”.  

Por su parte, el Vicepresidente, en su último testimonio en la Fiscalía General del Estado, reiteró que “no puede responder por los actos u omisiones de terceras personas”, y recordó que jurídicamente la responsabilidad penal es individual.

Además, declaró que sí intercambió correos con su tío, pero no remitió las cartas que llegaron a su oficina por parte de inversores. También recalcó que su única relación con Ricardo R. era familiar y no era cercana por diferencias políticas.

“Recuerdo haber intercambiado muchos correos electrónicos con Ricardo R. respecto a una acusación que se me hizo respecto al informe técnico que presenté para mi graduación en la Escuela Politécnica del Litoral, lo cual es un tema personal. Quizás en algún momento pude haber comentado algo acerca del estándar de televisión digital, ya que Ricardo R. era miembro del Directorio de la Asociación de Canales de Televisión”.

Sostuvo que no existen contradicciones en su declaración sobre las relaciones que mantenía con su tío. “Lo he visto pocas veces al año, lo cual es cierto, incluso en honor a la verdad hubo épocas o períodos de profundo distanciamiento en razón de las críticas de Ricardo R. a determinadas políticas y acciones del Gobierno Nacional”.

Abogado cree que es venganza

Eduardo Franco, abogado del vicepresidente Jorge G., está convencido de que detrás de la investigación fiscal hay una vendetta política, donde jueces y fiscales aparecen como supuestos cómplices.

El jurista públicamente ha dicho que las pruebas entregadas por el testigo Alfredo A. carecen de valor jurídico y afectan el debido proceso que en todo juicio debe ser una garantía. Él sostuvo que no se puede comprobar la veracidad de los documentos entregados por Alfredo A. como evidencia. 

Este último aseguró que destruyó la computadora de Ricardo R. en la que guardó la información de los teléfonos antes de entregarla a la Fiscalía. Para Franco, solo con ese aparato se comprobaría si las evidencias no fueron adulteradas o creadas ilegalmente.

Información sobre las investigaciones fiscales y la Judicatura en las evidencias

El fiscal Wilson Toainga (der.) indaga la denuncia de irregularidades en la venta anticipada de petróleo a Tailandia y la red de corrupción de Odebrecht. Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

En las evidencias del testigo protegido Alfredo A. también se encontraron  indicios de que Ricardo R. conocía las investigaciones en las que trabajaba la Fiscalía General del Estado.

En una fotografía se lee. “20 de febrero de 2017. Jorge D. Glas Espinel. 06-2017. Dr. Wilson Toainga Secretaria Ab. Andrea Icaza. De ahí salen todos. Peculado. Caminosca. Denuncian CREO. Denuncia Lenín Hurtado. Denuncia Montúfar. ‘Capaya’. Odebrech”. (ver facsímiles).

La indagación 06 -20017 sí la lleva adelante el fiscal Wilson Toainga (foto) y se trata sobre la denuncia de supuestas irregularidades en la venta anticipada de petróleo a Tailandia. El trámite de este caso se mantiene en sigilo, porque así lo determina el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Públicamente se conoce que el fiscal Toainga también indaga la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y las denuncias que presentaron los asambleístas del Movimiento CREO y el exlegislador César Montúfar, quien se convirtió en acusador particular en el caso de asociación ilícita para favorecer a la firma brasileña.

En la Fiscalía General del Estado no hubo una respuesta formal a la presencia de esta fotografía dentro de las pruebas del testigo Alfredo A.

Hasta el viernes pasado los investigadores   analizaban el expediente por asociación ilícita y otros documentos que han llegado los últimos días a la Fiscalía. Entre ellos, por ejemplo, los resultados de las 10 auditorías que realizó la Contraloría a los contratos firmados por Odebrecht, donde se encontraron indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios públicos y ejecutivos de la compañía constructora. Los resultados de esos exámenes podrían desencadenar nuevas investigaciones fiscales en contra de más personas por la red de Odebrecht.

Pero esta no sería la única evidencia de que Ricardo R. pretendió influenciar en las decisiones de la justicia. El 25 de agosto de 2011 envió un correo electrónico a la cuenta [email protected], con el asunto: “Adjunto documentos escaneados de la denuncia al Consejo de la Judicatura”.

En el cuerpo del email se evidencia que Ricardo R. pidió a esa persona hablar con uno de los exintegrantes del Consejo de la Judicatura de Transición, para interceder en una denuncia contra tres jueces de lo Civil de la provincia de Guayas.

El correo dice textualmente lo siguiente: “Enviéselo y hable con Yavar. Esta es queja formal que se presentó ante el Consejo de la Judicatura de Guayas. Yavar controla a la de aquí del Guayas”.

El miembro del Consejo de la Judicatura de Transición al que se hace referencia es Fernando Yavar, uno de los tres integrantes del organismo, que trabajaron en la reforma del sistema judicial luego de la consulta popular de mayo de 2011.

El caso al que hace referencia Ricardo R. era el litigio por una propiedad en Samborondón, en la cual una de las partes solicitaba que se sancionara a tres jueces de la provincia, porque, supuestamente, los perjudicó. La queja llegó al Consejo de la Judicatura, pero en los archivos de esa dependencia no se encuentra una sanción a los tres magistrados por este caso.

Juicio suspendido hasta el fallo de recusación

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Édgar Flores Mier, tiene en sus manos la denuncia por recusación presentada por la defensa del vicepresidente Jorge G. en contra del magistrado Miguel Jurado (foto). En esa querella se sostiene que se afectó el derecho a la defensa del Segundo Mandatario, en el proceso por, supuesta, asociación ilícita para favorecer a la multinacional Odebrecht.

Su abogado, Eduardo Franco, sostuvo que el juez Miguel Jurado “no es una persona idónea” para llevar el proceso penal en contra del Vicepresidente. “No tiene la imparcialidad necesaria para continuar en el proceso, en la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio”, recalcó en una publicación en su Twitter.

Hasta que se resuelva la acusación contra Jurado, la convocatoria a esta audiencia quedó en suspenso. En esta diligencia la Fiscalía General del Estado presentará su dictamen a favor o en contra de los 18 implicados en el expediente de asociación ilícita. Esta es la etapa previa al juicio y a la sentencia de la justicia.

Una de las primeras acciones que realizó el conjuez Flores fue fijar una caución de tres salarios básicos unificados del trabajador para proceder con el trámite de la recusación. El pago de este dinero es una norma prevista en la legislación y fue cancelado por los demandantes.

Adicionalmente, la defensa del Segundo Mandatario presentó una denuncia penal y una queja al Consejo de la Judicatura en contra del magistrado Jurado.

Según Franco, estas acciones no implican que se quiera dilatar el proceso, sobre todo la audiencia previa al juicio, sino que se está precautelando los derechos de Jorge G. Por eso, dijo, acudirán a instancias internacionales para denunciar los abusos que se han cometido en este caso.

No obstante, desde el terreno político se espera que la Fiscalía pueda presentar su dictamen. Los legisladores Wilma Andrade (Izquierda Democrática) y Henry Kronfle (Partido Social Cristiano) aseguraron que este pronunciamiento es fundamental para un juicio político a Jorge G.

El intercambio de correos

En los documentos entregados por el testigo protegido Alfredo A. se encuentran  las copias de 122 emails entre el vicepresidente Jorge G. y Ricardo R.

También hay emails en los cuales Ricardo R. se comunica con funcionarios del anterior Gobierno y recomienda la contratación de personal o el estudio de determinados proyectos legales.

La Unidad de Criminalística de la Policía sometió toda esa documentación a un análisis. El peritaje es parte del expediente fiscal por supuesta asociación ilícita para beneficiar con contratos a la constructora Odebrecht en los últimos seis años.

La investigación fiscal se extiende en más de 47.000 hojas. En ellas se encuentran más de 60 versiones de los acusados y de testigos. Los informes de movimientos  bancarios fuera y dentro del país. Además, de las investigaciones que realizaron otros países, como Brasil, Panamá y Estados Unidos.

18 personas son indagadas por la Fiscalía por supuesta asociación ilícita. Hasta el momento, cuatro implicados han confesado que fueron parte de la red de sobornos, ellos son los ecuatorianos Gustavo M., José T. y Kleper V., y el brasileño José Santos. (I)