La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, calificó como muy "especial e importante" el proyecto de ley remitido el lunes por el presidente Rafael Correa, que viabiliza la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular sobre los paraísos fiscales realizada el pasado 19 de febrero. 

En un programa radial, Rivadeneira dijo que es una apuesta trabajada y debatida durante todo el 2016 debido, principalmente, al escándalo de los ‘Papeles de Panamá’. "Recordemos que en febrero de 2016 la Asamblea tuvo un rol protagónico a través de un informe que logró determinar el involucramiento de varios sectores públicos, funcionarios públicos y actores privados que habían sacado de la economía del país, durante los últimos años, un poco más de 30.000 millones de dólares que se encuentran en paraísos fiscales".

Anunció que el proyecto será calificado por el CAL este miércoles 15 de marzo. "Lo vamos a tramitar de manera inmediata en el Consejo de Administración Legislativa, tenemos sesión el día de mañana y estaremos canalizando y calificando varios proyectos de ley". 

Explicó que el documento remitido por el Ejecutivo establece que los candidatos a todos los niveles de gobierno, desde presidenciales hasta para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, además de funcionarios públicos, tengan prohibición absoluta de salida de sus capitales a paraísos fiscales "mostrando decencia, coherencia y transparencia económica y financiera frente a su país". 

"Estos candidatos tendrán el plazo de un año para retornar sus capitales al sistema económico del país", añadió. 

La titular del Legislativo destacó que este proyecto "contiene las formas, herramientas y metodologías que se utilizarán para que se haga efectivo lo que el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas". 

Hasta marzo de 2018 es el plazo para que funcionarios terminen cualquier vínculo con paraísos fiscales, según el documento.

La norma contempla sanciones que van desde la destitución o pérdida del puesto hasta juicios políticos para los servidores públicos sujetos a control político de la Asamblea Nacional. (I)