La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth  Cabezas, jugó una carta imprevista antes de la reunión de este domingo 31 de marzo del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Era el pronunciamiento del procurador Íñigo Salvador, que señalaba que no era procedente que el CAL se pronuncie nuevamente por la indagación en su contra.  

El 28 de marzo pasado, el Parlamento pidió a la Procuraduría que aclare si el “CAL puede dar curso a una solicitud de investigación o denuncia, sobre la misma persona, materia y causa”.

Esa solicitud explicaba que tres días antes, el lunes 25, los integrantes del Consejo no dieron paso a la denuncia de la legisladora de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, en contra de la Presidenta de la Asamblea por supuestamente frenar una investigación en contra del presidente Lenín Moreno.

El análisis de Salvador fue inmediato y a la tarde del 29 de marzo envió su respuesta.

El documento de seis hojas, en resumen, aseguraba que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece el proceso que debe seguir el CAL y se dispone que no puede reconsiderar algo que ya fue resuelto. Sin embargo, este pronunciamiento no frenó la decisión del Consejo Legislativo.

La tarde del domingo 31 de marzo, seis de sus siete integrantes (Cabezas se excusó de estar en la reunión) decidieron dar paso a la investigación contra la Presidenta de la Asamblea.

Para la bancada de Alianza PAIS, la denuncia de la legisladora Naranjo es otro capítulo en el proceso de desestabilización que lidera el movimiento político de la Revolución Ciudadana y el expresidente Rafael Correa.

Cabezas señalo que la pretensión de tratar de nuevo la denuncia en su contra es completamente ilegal.

Denunció que la decisión del CAL tiene el objetivo de tomar el control del Poder Legislativo destituyendo a la Presidenta. “Esto es un intento de tomarse por asalto la Asamblea”. Así lo indicó también en una entrevista publicada el sábado 30 de marzo en EL TELÉGRAFO.

Luego de conocer la decisión del CAL, los asambleístas Ximena Peña y Daniel Mendoza aseguraron que la denuncia no tiene piso legal. Peña dijo que durante el mandato de Correa no era extraño que sus parlamentarios recibieran órdenes desde Carondelet y las acatasen sin miramientos.  

En cambio, Mendoza cree que la Revolución Ciudadana quiere “pescar a río revuelto”,  porque esa denuncia es improcedente. Sin embargo se anticipó que en el caso de que el CAL resuelva emprender la investigación, su movimiento respaldará la creación de la comisión multipartidista que deberá seguir el proceso.

Integrantes del CAL defendieron decisión contra Cabezas

Verónica Arias, representante del movimiento Acción Regional por la Equidad y aliada de la Revolución Ciudadana, explicó que el pronunciamiento del Procurador no tiene cabida en este caso.

Sostuvo que el pasado lunes 25 de marzo el CAL no tomó una resolución, porque solo hubo tres votos para rechazar la denuncia contra Cabezas, pero que legalmente se necesitan cuatro votos.

Patricio Donoso, del movimiento CREO, señaló que el CAL solo calificó la denuncia de Amapola Naranjo. Es decir, verificó si cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley de la Función Legislativa que da paso al inicio de la investigación por parte de una comisión multipartidista.  

Donoso indicó que esta comisión deberá considerar el pronunciamiento del procurador Salvador antes de emitir un informe.

La socialcristiana Cristina Reyes aclaró que la decisión del Consejo no inculpa a Cabezas, sino que solo da paso una indagación. Acotó que esto no interrumpe sus funciones como Presidenta, pero cree que debería excusarse mientras dure la investigación.

En indagaciones a exasambleístas, como Sofía Espín, Norma Vallejo y Ana Galarza, este equipo fue conformado por tres miembros: uno de la bancada que impulsó la denuncia, en este caso Revolución Ciudadana; otro de la bancada de la parlamentaria indagada, que es Alianza PAIS, y un tercero que es independiente.  

Este equipo tendrá 10 días para presentar al Pleno un informe recomendando o no la destitución de Cabezas, que deberá ser aprobado por 71 o más asambleístas. (I)