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La funcionaria diana salazar continúa en la indagación de otros tipos de delito en el caso odebrecht

Baca pide protección al Gobierno y dice que detrás de amenazas “hay maleantes”

El fiscal Carlos Baca rindió una declaración ayer. Afirmó que las investigaciones seguirán “caiga quien caiga”.
El fiscal Carlos Baca rindió una declaración ayer. Afirmó que las investigaciones seguirán “caiga quien caiga”.
Foto: John Guevara / EL TELÉGRAFO
24 de octubre de 2017 - 00:00 - Redacción Política

Pese a las amenazas, el trabajo de los fiscales seguirá. Así lo afirmó durante una declaración ayer el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.  

Estas declaraciones las efectuó luego de que la fiscal Diana Salazar,  conocida por sus investigaciones en actos de corrupción, como Odebrecht, La Roca y FIFAgate, recibiera el sábado en la noche un video en el que la amenazan de muerte.

Se conoció que no es la primera vez que Salazar es amenazada, sin embargo, la Fiscalía General del Estado dispuso que se redoblara la seguridad para la funcionaria y sus familiares más cercanos.   

Por ejemplo, como resultado de la investigación por el delito de captación ilegal de dinero derivada del caso de coimas de la empresa Odebrecht, fue vinculado en la instrucción fiscal, el pasado 12 de septiembre, Juan Pablo E.

Desde aquella ocasión a la oficina de la Fiscal todos los días acudían abogados para pedirle que meditara bien lo que estaba haciendo “porque se va a enfrentar a un empresario poderoso”, sostuvo Baca.

Actualmente, Salazar continúa en la investigación de otros tipos de delitos en el caso Odebrecht.

“La FGE rechaza firmemente y de manera enfática las amenazas proferidas en contra de nuestra colega. Advertimos que esta acción no se dirige únicamente contra Salazar, sino contra todos los integrantes de la Fiscalía”, afirmó Baca, quien se hizo presente junto a Salazar y otros 20 fiscales más.  

Indicó también que con ello se demuestra que detrás de las amenazas existen “poderosos intereses” que pretenden obstruir el trabajo de la Fiscalía.

Enfatizó que no tienen miedo y más bien resaltó que los fiscales seguirán trabajando en el cumplimiento de su deber.

“Estas acciones desesperadas de un grupo de maleantes escondidos bajo los ropajes  de grupos económicos o grupos de presión política o social solamente demuestran que estamos en el camino correcto”, puntualizó.

La Unidad de Transparencia y lucha contra la Corrupción, donde Salazar es la coordinadora, se mantendrá en las investigaciones.

Baca añadió además que frente a la corrupción el ente seguirá combatiéndola “esté donde esté y caiga quien caiga”.  

Enfatizó asimismo que no declinarán ni un solo minuto.

Sin embargo, la Fiscalía del Estado exigió al Gobierno que “brinde  protección para que el trabajo de la Fiscalía llegue a buen término”.

En cambio a los órganos de seguridad les solicitó  que cumplan con su responsabilidad y ofrezcan la seguridad que los fiscales requieren para así desarrollar el trabajo de manera efectiva y eficiente.

Recalcó que su trabajo será en favor de la transparencia y de la sociedad. “No nos van a amedrentar estas acciones de grupos de presión y mucho menos nos van a callar o nos van a obligar a dejar de hacer nuestro trabajo”.

César Navas, ministro del Interior, durante una entrevista radial el fin de semana informó que investigan el origen de las amenazas que recibió Salazar.
Amenazas para funcionarios

La fiscal Thania Moreno informó que hasta diciembre de 2016, 8 jueces y fiscales tenían protección estatal.

Según la FGE, 151 funcionarios, entre jueces y fiscales, entraron al sistema de protección por amenazas provenientes de grupos criminales, entre el 2012 y 2015.

Para acceder a la protección el funcionario podrá llenar una solicitud y enviarla vía correo institucional. Luego, el Ministerio del Interior encauzará el pedido. (I)

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Buendía asegura que ha recibido ataques en redes

El pasado 7 de octubre, con un comunicado personal divulgado en redes sociales, el vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),

Edwin Jarrín, denunció que él y su esposa, la asambleísta por Alianza PAIS Soledad Buendía, fueron víctimas de amenazas de muerte. Ambos funcionarios presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Ayer, como parte de las investigaciones que lleva al respecto, asistieron a la comparecencia solicitada.

Los mensajes recibidos, tanto por redes sociales como por llamadas telefónicas al número personal de la legisladora, según comentó, buscan que ella retire el supuesto respaldo que mantiene hacia el vicepresidente Jorge G.

“Nos dicen que si seguimos acompañando al Vicepresidente de la República, si no lo entregamos, nos matarán de uno a uno (a los asambleístas)”, resaltó la asambleísta.           

Además manifestó que otros legisladores de la bancada oficialista también estarían recibiendo estos mensajes y llamadas amenazantes.

“No nos amedrentarán, nosotros estamos firmes, actuaremos dentro de la ley porque no tenemos rabo de paja y no debemos temer. Es una cobardía total”, reiteró y a su vez recalcó que ha recibido el respaldo del movimiento.

La versión sigue en investigación dentro de la Fiscalía y la asambleísta reiteró que estará alerta ante una nueva comparecencia. (I)

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Mañana se reactivará el proceso penal contra el excontralor por el caso Odebrecht. Durante su gestión se aplicó un sistema para que un equipo de asesores y subcontralores dieran el último aval a las auditorías. La defensa del exfuncionario sostiene que la Fiscalía carece de sustento en su denuncia por presunta concusión.

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