La Asamblea Nacional aprobó con 88 votos a favor y 19 abstenciones una resolución en contra de la campaña de desprestigio que emprendió la petrolera Chevron en contra del Estado Ecuatoriano.

En la resolución, el Pleno rechaza los ataques que recibe el Estado ecuatoriano de manera deliberada por parte de la compañía trasnacional Chevron-Texaco, que de forma constante y basada en falsas informaciones desprestigian el sistema judicial, instituciones democráticas y la soberanía nacional a través del multimillonario cabildeo político y campañas de comunicación.

En la resolución de siete puntos, los legisladores instan a Unasur, Celac, Parlatino y a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos latinoamericanos, que respalden la conformación de un órgano de resolución de conflictos y controversias relativas a inversiones, como un frente común contra las pretensiones de las empresas trasnacionales y preservar la soberanía de nuestros pueblos.

Así, también, los legisladores soliciten que el Consejo de Administración Legislativa, proponga al Pleno de la Asamblea Nacional la conformación de la Comisión Especializada Ocasional, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para auditar y fiscalizar las acciones de la empresa multinacional Chevron - Texaco en Ecuador y la participación de las instituciones públicas, funcionarios y autoridades que actuaron en contra de los altos intereses nacionales.

La propuesta fue del asambleísta Holguer Chávez, quien pidió que la Asamblea se pronuncie sobre la creación de una comisión ocasional para auditar el daño causado por Chevron. Recordó que se afectaron a 2 millones de hectáreas y la multinacional contrató 418 abogados para desprestigiar al Estado ecuatoriano.

Yolanda Chamorro, asambleísta alterna de Carlos Velasco (PAIS), comentó que la empresa contaminó el agua y suelo en la Amazonía, lo que produjo la muerte de 24 mil cabezas de ganado. Culpó que la empresa fue responsable de la desaparición de dos pueblos ancestrales.

Armando Aguilar recordó que los problemas se presentaron en gobiernos anteriores que permitieron el atropello a la naturaleza y población por parte de la empresa. Felicitó la iniciativa de los habitantes de Sucumbíos y Orellana, que no se han dejado vencer, a pesar de las presiones.

El asambleísta Antonio Posso pidió a la Unasur y la Celac acelerar gestiones para, a nivel latinoamericano, definir un organismo arbitral.

El legislador Cléber Jiménez (Pachakutik) criticó la actuación de funcionarios del Gobierno de Jamil Mahuad, que firmaron actos de finiquito en el caso.

César Umajinga (Pachakutik) sostuvo que Chevron tiene que pagar los 19 mil millones de dólares como indemnización. Sostuvo que este tema no puede quedar en la impunidad.

La legisladora Verónica Guevara dice que es incalculable el daño causado por Chevron, que no utilizó buena técnica para tratar de ganar más dinero. Recordó que el proceso se realizó con complicidad de ciertos funcionarios ecuatorianos como Vladimiro Álvarez, que su criterio negativo fue la base del laudo arbitral, que sostiene que no hubo afectación de la petrolera. "Basta con hunguir un poco de tierra para encontrar petroleo, incluso en la área urbana", añadió.

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