El debate en la Asamblea se centró en el linchamiento mediático
El segundo día de debate de la Ley de Comunicación se inició con un llamado de atención a los legisladores. Apawki Castro, representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), increpó en dos ocasiones a los legisladores porque no le escuchaban.
Él y otros representantes de movimientos sociales y académicos fueron recibidos en el pleno de la Legislatura. Todos coincidieron en que es un error renovar las frecuencias, directamente y sin concurso, como lo solicitaron agremiaciones de medios privados.
Para este sector se deben realizar concursos transparentes y públicos. Por eso anunciaron que si no son escuchados se movilizarán en contra de la Asamblea.
En el debate legislativo, la bancada de la Revolución Ciudadana conoce muy bien que es minoría en la Asamblea. Sus miembros saben que no tienen los votos para consolidar sus posturas, pero sembraron una espina en el primer debate de la ley.
Sin respaldo para mantener el linchamiento mediático o las sanciones económicas para los abusos de la prensa, optaron por advertir que los reclamos contra los medios irán a engrosar los juzgados de todo el país.
Y la idea de la judicialización de estas quejas caló en miembros de otras bancadas, que coincidieron en que se debe optar por alternativas.
Una de ellas fue Wilma Andrade (ID), quien también vio peligroso un futuro en esa vía. Norma Vallejo (Alianza PAIS) sugirió que la Defensoría del Pueblo fuera la mediadora para la restitución de derechos de los afectados.
Antes la profesora de Comunicación de la Universidad Central, Jaqueline Arteaga, propuso crear una Defensoría del Público que asuma estos casos, antes de que lleguen a los juzgados.
En el proyecto para el primer debate de la ley se establece a la Defensoría del Pueblo y al Consejo Nacional de Comunicación como los organismos encargados de afrontar los reclamos ciudadanos.
En ese sentido, el legislador Héctor Muñoz (SUMA), dijo que se debe evitar que el Consejo se convierta en sancionador. Vicente Taiano (PSC) manifestó que se debe analizar si es procedente que el delegado del Ejecutivo sea el presidente del organismo y también tenga el voto dirimente.
Todas las propuestas irán a la Comisión de Derechos Colectivos, que deberá preparar un informe para su aprobación y votación. (I)
