Con 83 votos el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley que regula y optimiza el proceso de declaración, presentación, registro y control de las declaraciones patrimoniales que deben rendir los servidores públicos al iniciar y al finalizar la gestión, así como sus actualizaciones. 

La normativa señala que la declaración podrá hacerse a través de internet sin necesidad de presentarla ante un notario. Esto permite la disminución de trámites, ahorro de recursos y tiempo.

También destaca que el valor y los efectos jurídicos de las declaraciones electrónicas en línea, otorgadas ante el Contralor General del Estado como autoridad pública competente, a través del sitio web de la Contraloría General del Estado, son documentos públicos.

Cualquier funcionario público de manera opcional y voluntaria podrá elevar esta declaración electrónica a escritura pública.

La información constante en las declaraciones patrimoniales juradas será pública y se mantiene la reserva en lo referente a la realización del examen especial de la declaración patrimonial juramentada.

Una vez efectuada la declaración en línea, se notificará al declarante con la constancia de la recepción de la declaración al domicilio electrónico señalado por este.

Las declaraciones patrimoniales juramentadas seguirán efectuándose cada 2 años como manda la ley, excepto los servidores públicos cuyos contratos sean de servicios ocasionales en donde se ajustarán a las normas previstas en la institución.

En los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Unidad de Vigilancia Aduanera, la Comisión de Tránsito del Ecuador y de las Policías Metropolitanas y municipales del país harán una declaración patrimonial jurada adicional, previa la obtención de ascensos y al momento de su retiro.

La Contraloría podrá solicitar la actualización o la presentación de una nueva declaración patrimonial jurada a los servidores públicos, independientemente que no hayan finalizado la gestión, para fines de comparación con las anteriores, cuando se realice el examen y confrontación por hechos o denuncias.

También se podrá solicitar la declaración jurada a terceras personas vinculadas con quienes ejerzan o hayan ejercido una función pública, cuando existan graves indicios de testaferrismo.

DATOS

El proyecto de Ley ingresó al Consejo de Administración Legislativa (CAL), en mayo del 2013, como iniciativa del Presidente de la Función de Transparencia y Control Social. El informe para primer debate lo emitió la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social en diciembre del 2015. El Pleno de la Asamblea Nacional lo conoció en primer y segundo debate el 14 de enero y el 2 y 11 de febrero de este año, respectivamente.

El documento será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su sanción u objeción. (I)