"Hay suficiente riqueza en el mundo para que todas las personas puedan salir de la pobreza. Sin embargo, cientos de millones de personas en el planeta todavía se van a dormir con hambre, no por falta de recursos, sino debido a la enorme desigualdad causada por perversos sistemas económicos".

Ese fue un fragmento de un reportaje publicado en The Huffington Post, el pasado 27 de septiembre. En el artículo, el presidente Rafael Correa expuso su propuesta sobre el 'Pacto Ético'. De impulsar una consulta popular para decidir si se permitirá o no a los políticos y funcionarios públicos mantener activos en paraísos fiscales.

"Si nuestra propuesta, conocida como 'Pacto Ético' es aprobada por el electorado, todos los servidores públicos tendrán un año a partir de la consulta popular para traer sus paraísos fiscales de vuelta al país o serán destituidos".

El artículo fue difundido durante la mesa temática denominada “Capitalismo de casino y paraísos fiscales: hacia un debate global”, dentro de la agenda del III Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP).

En la cita se analizaron las estrategias para erradicar los paraísos fiscales en la región y las consecuencias que provocan esta forma de evasión de impuestos.

Carola Íñiguez, delegada de la Cancillería, señaló que las sociedades con ventajas fiscales tienen que ser incluidas en una agenda global.

La funcionaria indicó que desde la Cancillería se ha propuesto en las Naciones Unidas abordar con mayor profundidad este problema. Reiteró además que “la propuesta del presidente Correa es un pacto ciudadano para mantener políticas tributarias”.

Pedro Páez, superintendente de Control de Poder del Mercado, señaló que la mitas de la riqueza del mundo está en manos del 1% de los más ricos. Esto se resume en manos de 62 individuos poseen más riquezas.

Ana Teresa Morales, exministra de Desarrollo y Economía Plural de Bolivia, reconoció que el planteamiento del Pacto Ético del presidente Rafael Correa sería un punto de partida para rechazar la evasión sistemática de impuestos por parte de individuos y empresas que privan a los gobiernos de la inversión en recursos públicos.

Propuso que los países de América Latina se organicen en una “lista en común” de las empresas que tengan sus cuentas en paraísos fiscales. De tal forma que haya respaldo entre naciones para orientar buenas prácticas fiscales. “El pacto ético debe comenzar por una sola lista”. (I)