En la emisión de este 8 de octubre del programa ‘Análisis Urgente’, que se transmite cada domingo por EcuadorTV, se abordó la necesidad de resarcir económicamente al país de parte de los funcionarios sentenciados por corrupción.

El panel de ‘Análisis Urgente’ estuvo integrado por el excontralor Alfredo Corral y por dos integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jorge Rodríguez y Ramiro Román.

Los expertos coincidieron en que el dinero sustraído ilícitamente debe ser devuelto inmediatamente al Estado.

Para Román, la pregunta del referéndum que trata sobre el cese de derechos democráticos para empleados públicos condenados a penas por corrupción está inconclusa. En su opinión, los ecuatorianos deberían autorizar que una vez finalice el proceso penal se exija “la recuperación de bienes”.

“¿Y la plata?”, preguntó Rodríguez en referencia a que los sentenciados cumplen su pena en prisión, pero eso no repara económicamente al Estado. Citó el ejemplo del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli, responsabilizado por cometer un delito de cohecho. ‘Capaya’ recibió al menos un millón de dólares a cuentas en paraísos fiscales.

Corral propuso una reforma legal para que el acusado, antes de acogerse a la figura de la cooperación eficaz (que implica la disminución del tiempo de reclusión), devuelva los montos robados.

Además, el excontralor sugirió que “la pena privativa de la libertad no se extinga, aun cuando se la haya cumplido, mientras no se restituya al Estado”.

Otros de los temas que se analizó fue el papel de las autoridades en la lucha contra la corrupción. “La ética del estado se construye teniendo transparencia y con la forma de combatir esos actos de corrupción”, dijo Rodríguez.

Según el economista, la “impunidad se convirtió en una política de Estado” y promovió a que los funcionarios cometan ilícitos porque se sentían resguardados por el escaso control del Gobierno.

Corral cree que es fundamental que los principales gobernantes del Ecuador ejerzan la “ética pública” y sirvan como “ejemplo moralizador”.

También consideró lamentable que dirigentes políticos de vasta trayectoria se convirtieran en “cómplices de los actos más corruptos”.

El caso Odebrecht reveló un trama de sobornos entre la constructora brasileña y funcionarios de Estado para la adjudicación de contratos en proyectos de diversa índole.

El vicepresidente Jorge G. es investigado por una presunta asociación ilícita. Desde el lunes 2 de octubre cumple una orden de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. (I)