Hasta el momento 37 municipios del país no han asumido las competencias de tránsito, un mandato de la Constitución y del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). De estos, 31 han formado 5 mancomunidades para manejar esta responsabilidad en sus poblaciones.

En el Consejo Nacional de Competencias (CNC) hay 5 mancomunidades registradas para este objetivo.  

La Agencia Nacional de Tránsito  informó que estas pertenecen a Zamora Chinchipe, Tungurahua, Pastaza, Cotopaxi y Sucumbíos. Estas 5 forman parte de otras 20 mancomunidades legalmente registradas en el país para otras finalidades, como el manejo de desechos sólidos por ejemplo.

La Constitución, en su artículo 243, dentro del capítulo segundo que hace referencia a la organización del territorio, establece que “dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración”. El Cootad reconoce estas agrupaciones en el artículo 285.

Con respecto a las 5 asociaciones interesadas en asumir las competencias de tránsito, la secretaria del Consejo Nacional de Competencias (CNC), María Caridad Vásquez, explicó que el siguiente paso es abrir  una cuenta común para recibir los fondos mancomunados y recibir los recursos.

Según Vásquez estas asociaciones implementan un tipo de gestión más eficiente porque “se logra planificar territorios de manera íntegra, ya que las problemáticas y sus soluciones son las mismas”.

Con esto coincide el alcalde del cantón Tisaleo, Rodrigo Garcés. Él también es presidente de la Mancomunidad para la gestión de Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Tungurahua, que reúne a 8 cantones. “Podemos unir recursos y hacer más cosas que estando solos, por ejemplo mi cantón recibiría $25.000, pero solo el plan de movilidad individual costaría $ 40.000”, dijo. Se prevé que asuma la competencia de tránsito en estos días.

La ley ha dividido las competencias en 3 modelos de gestión: el A, que incluye a los 7 municipios más grandes del país y comprende la entrega de títulos habilitantes, regulación de tarifas, matriculación, revisión y control operativo de tránsito, lo que incluye la incorporación de agentes civiles de tránsito; el B, donde están 10 cabildos y tienen todas las competencias anteriores, menos el control del tránsito; y el C, donde se ubican la mayoría de los GAD (204).

En este último rango tienen la potestad de títulos habilitantes y la regulación de tarifas.

En el caso de las mancomunidades pueden subir de modelo de gestión si su desempeño es adecuado. Por ejemplo, la mancomunidad de Tungurahua, que involucra a actores del modelo de gestión C, podría asumir las competencias del modelo B en caso de que así se establezca.

Mancomunidades y consorcios

El CNC fija 2 tipos de unión: los consorcios y las mancomunidades. Los primeros son agrupamientos de dos o más GAD que no fueran contiguos o de distintos niveles de gobierno, y los segundos son colindantes y tienen el mismo nivel de ejecución. “Es decir, las mancomunidades son asociaciones de municipios, prefecturas o juntas parroquiales y  consorcio cuando se unen entre sí, por ejemplo una prefectura con juntas parroquiales”, explicó la secretaria ejecutiva del CNC.

La funcionaria recalcó que para la conformación de dichas entidades es importante la iniciativa política de cada uno de los representantes de los GAD, los cuales informan a su Concejo Cantonal, el que a su vez concede autorización para la creación jurídica de esta unidad.

El CNC es la entidad encargada del registro. Entonces la institución creada plantea una hoja de ruta de su manejo técnico y administrativo y cuál será el aporte de sus integrantes. Por ejemplo, el burgomaestre de Tisaleo explicó que en la mancomunidad que preside acordó que el GAD con mayor número de vehículos entregue más recursos.    

Los objetivos de las agrupaciones pueden ser múltiples: temas ambientales, como recolección de desechos sólidos, agua potable, seguridad ciudadana y gestión del desarrollo, turismo, cooperación económica, protección de la niñez y adolescencia, entre otros.

Por ejemplo, la Mancomunidad del Pueblo Cañari (Cañar) constituyó la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral del Pueblo Cañari (Emmaipc-EP).   

Igualmente, como un próximo proyecto, se prevé que los 15 cantones del Azuay se agrupen, para lo cual se deberá hacer un estudio previo del financiamiento y cuántos vehículos hay en toda la mancomunidad.

Esto les permitiría tener las facultades de la categoría A o B, es decir, si adicional a los títulos habilitantes podrán ejercer la matriculación, revisión técnica vehicular, que se contempla en el modelo B, y hasta la incorporación de agentes civiles si llegaran a pasar al grupo A.

Vásquez reconoce que una de las problemáticas de las mancomunidades y consorcios es el cambio de administración, muchas veces no les interesa reafirmar el compromiso y no renuevan el convenio. Desde la CNC se incentiva la permanencia de estas instituciones.