El incumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 16 de junio de 2013, que dispone a las organizaciones sociales que operen en el país la obligatoriedad de registrarse o actualizar sus datos, dejaría sin personería jurídica a la entidad.

Hasta ayer 46.330 organizaciones sociales (ver subnota) cumplieron el proceso ante la  Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP), a través del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Suios).

El plazo para cumplir el registro de estatutos, que incluyó una prórroga de 6 meses, vence hoy. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), filial de la Conaie en la Sierra y vinculada al Pachakutik, amenazó con no registrarse, aunque lo habría hecho a  última hora.

La Ecuarunari y otras 15 organizaciones se oponían a acatar la normativa, pese a que el artículo 36 de la Ley de Participación Ciudadana (LOPC) señala que los grupos sociales que deseen tener personería jurídica deben tramitarla en las instancias públicas que correspondan a su ámbito de acción.

Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, el 17 de diciembre pasado indicó a EL TELÉGRAFO que se declararían en “resistencia y desobediencia civil” ante la disposición de registrarse, amparándose en el derecho a la libre determinación estipulado en la Constitución: “Somos comunidades milenarias, preestatales con derechos a la diferencia e igualdad”, manifestó.

Indicó que la desobediencia civil se da “ante el acto ilegítimo, injusto e inconstitucional” que -según él- vulneraría tratados y convenios.

Argumentó aquello pese a que el artículo 96 de la Constitución y el artículo 30 de la LOPC reconoce todas las formas de organización de la sociedad para incidir en las decisiones y políticas públicas, en el control social de todos los niveles de gobierno, así como “garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”.

Al consultarle sobre si la “resistencia” a registrarse responde a que la Ecuarunari no quiere rendir cuentas, Pérez aseguró querinden cuentas “al milímetro” a sus bases.

Sostuvo que el Decreto 16 es inconstitucional, pero no explicó por qué la Ecuarunari (central de etnias indígenas kichwahablantes de la Sierra) incumpliría también el artículo 1 de la LOPC, que propicia, fomenta y garantiza los derechos de participación de los ciudadanos, colectivos, comunidades y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios de manera protagónica, en la toma de decisiones, y sentar las bases de la democracia participativa y la rendición de cuentas.

El Decreto 16 destaca que “se torna imperativo contar con una normativa adecuada que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, institucionalice el Suios y establezca mecanismos de acompañamiento para la promoción y fortalecimiento de las dinámicas asociativas y organizativas”.

Para Pérez, su oposición a registrarse ante la Secretaría de la Política no implica “actuar como un Estado dentro de otro Estado, solo que nos dejen vivir con nuestros principios milenarios. No nos acogeremos a normativas coloniales, normativas occidentales que solamente llevan hacia la tiranía, no; democracia comunitaria, sí”.

Con respecto a la rendición de cuentas a las que están obligadas las organizaciones sociales que operen en Ecuador,  Pérez se refirió al financiamiento que percibe la Ecuarunari y admitió: “Antes nos daba Acción Popular Noruega, pero ahora nos condicionan, le tuvieron miedo al Gobierno. Nos dijeron que bajemos la radicalidad, que entremos a dialogar; les dijimos que si es una sugerencia, bienvenida sea, pero si es una condición, no”. Negó que reciban aportes de la Usaid.

El lunes pasado, representantes de la Ecuarunari, Fundamedios, Confederación Unitaria de Trabajadores Informales (Cucomitae) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, apoyados por la Conaie y miembros del ex-Movimiento Popular Democrático (MPD), acudieron a la Corte Constitucional a exigir que se atienda su pedido, formulado hace 1 año, para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 16.

Manuel Chugchilán Caiza, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), manifestó a EL TELÉGRAFO que la decisión de las Iglesias es de no registrarse porque el Decreto no las involucra, pero a pesar de ello la Secretaría de la Política les exige inscribirse.

Aclaró que los estatutos, nombramientos y acuerdos ministeriales de la organización fueron registrados hace algunos años ante el entonces llamado Ministerio de Gobierno, después lo actualizaron ante el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en apego a lo que señala la normativa de cultos.

Mauricio Alarcón, director de proyectos de Fundamedios, durante un plantón realizado el miércoles pasado también pidió que la Corte Constitucional  declarase la inconstitucionalidad del Decreto 16. Indicó que no se registrarán porque la Constitución garantiza el derecho a la resistencia. No teme que Fundamedios sea declarada inactiva ydijo que rinden cuentas anualmente ante los ministerios y el SRI, sobre todo, en lo referente al financiamiento, donaciones o prestaciones.