La Comisión Ocasional que tramita las 16 enmiendas constitucionales reinstaló su primera sesión y recibió ayer en comisión general a funcionarios públicos, académicos y dirigentes de asociaciones de trabajadores y Fuerzas Armadas.  

Durante la mañana y tarde se escucharon las versiones de representantes involucrados en las propuestas relacionadas con los trabajadores, comunicación, seguridad del Estado y educación.   

El primero de ellos fue el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, quien expuso que los beneficios de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) son superiores al actual Código de Trabajo.

En el proyecto de enmienda que entregó Alianza PAIS se suprime el tercer inciso del artículo 229 de la Constitución: “Los obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo”. Con ello se plantea 2 transitorias: “Los obreros del sector público que ahora están sujetos al Código del Trabajo no perderán sus derechos; y aquellos que entren a la administración pública tras la enmienda serán regulados por leyes del servicio público”.

Entre los beneficios de la Losep que destacóCarrasco está la estabilidad laboral, contemplada en el artículo 23, que se refiere a estabilidad para servidores de carrera. Y los artículos 53 y 54 de la misma norma, que hablan del sistema integrado del talento humano, lo cual da  mayor profesionalidad al servicio público.  

Además aclaró que en la escala remunerativa, los salarios de la Losep son superiores al Código. La norma establece permisos para matriculación de los hijos, licencias con cargo a vacaciones, lo que no hay en el Código de Trabajo.

En la Losep se establecen 30 días de vacaciones pagadas desde los 11 meses de servicio continuo y vacaciones acumuladas hasta 60 días. En cambio en el Código de Trabajo solo se otorgan 15 días y 1 día más a partir del quinto año de prestación de servicios.  

La huelga también estaría considerada dentro de laLosep. Esto fue ratificado por el presidente Rafael Correa, quien insistió en que se validaría una paralización en el sector público en caso de que se vulneren los derechos laborales.

Carlos Marx Carrasco argumentó que no hay razón para que se mantengan estos 2 cuerpos jurídicos que regulan las garantías, derechos y obligaciones de los trabajadores del sector público.

La enmienda, según el secretario de Estado, logrará que exista un cuerpo jurídico único para que los derechos y obligaciones de los trabajadores sean iguales. “Ya basta de esa diferenciación entre obreros y servidores públicos. Todos somos servidores públicos y ponemos a prueba el talento humano”, insistió.   

Según datos de esta cartera de Estado, existen 120.000 trabajadores públicos que están regidos por el Código de Trabajo. La disposición transitoria propone que solo los nuevos funcionarios se incorporen a la Losep y los que ya están trabajando en el Estado continúen regulados por el Código.

El tema sindical deberá ser normado, pero dijo que dentro de la contratación colectiva el conflicto en el sector público para definir niveles salariales “no tiene sentido”.

Argumentó que en el Estado no hay accionistas privados que estén empeñados en aumentar sus beneficios o sus ganancias. La ley debe establecer los niveles remunerativos y lo mismo pasaría en el sector productivo, afirmó Carrasco.

Con esto insistió en que los salarios deben ser razonables y guardar concordancia entre la productividad y la rentabilidad.

La comunicación como servicio público

La Comisión Ocasional también recibió la comparecencia de Patricio Barriga, presidente delConsejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), quien acudió para exponer sus argumentos sobre la propuesta de que la comunicación se convierta en un servicio público.

El artículo 71 de la Ley de Comunicación ya habla de la información como un bien y como un servicio público, sin embargo, el funcionario refirió que esta enmienda va a proteger y a establecer que el Estado asuma con responsabilidad la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de la comunicación e información de todos los ciudadanos.           

Al ser un servicio público establecido en la Constitución, Barriga dijo que los operadores públicos, privados y comunitarios tendrán que observar el respeto de los derechos humanos y a la comunicación.

En tanto, el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa, también acudió para aportar sobre esta enmienda.   

El experiodista considera que la formulación jurídica de los derechos de la comunicación no asegura por sí sola que los ciudadanos puedan ejercerlos cotidianamente, ni tampoco que puedan exigirlos eficazmente. Por eso aclaró que con la vigencia de la Ley de Comunicación no se han cerrado medios en el país, como lo advertían políticos de la oposición.    

La Comisión Ocasional tiene previsto emitir el informe para primer debate este viernes.