Desde movilizaciones hasta la socialización en territorios, son algunas acciones que sectores laborales y de campesinos que no participarán en el paro, convocado para el 13 de agosto por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), preparan en respaldo al diálogo nacional propuesto por el Gobierno.

También anuncian reuniones para analizar el alcance de la medida de hecho que impulsan los sectores opositores al régimen.

En el último enlace sabatino, el presidente de la República, Rafael Correa, advirtió de eventuales cierres o daños en carreteras o de paralización de servicios públicos, acciones que están prohibidas por la Constitución y son sancionadas.

La Carta Política, en su artículo 326, establece el derecho a la huelga, pero prohíbe la paralización de servicios públicos, mientras que el COIP en los artículos 345 y 346 señala las sanciones para quienes alteren el orden público o se tomen por la fuerza un edificio público. Según sea el caso las penas consisten en la privación de la libertad de 1 a 7 años.

Gustavo Zurita, de la Confederación Unitaria de Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cuttae), filial de la Central Única de Trabajadores (CUT), manifiesta que ante el panorama que se cierne en el país, lo que se pretende es un desgaste político al presidente Rafael Correa por quienes buscan el paro, pero que ellos plantean la defensa del proyecto político que está en juego.

“Somos trabajadores que usamos el espacio público y lo requerimos para nuestras labores, estaremos alertas a lo que pueda suceder el 13 de agosto para defender la democracia y que no se ponga en peligro el proyecto político, si es necesario nos movilizaremos a la capital para defender el proyecto que tantos años ha costado construir y que ahora está en peligro”, sostiene.

En cambio, Fausto Dután, dirigente del Seguro Social Campesino, anticipa que a nivel de territorios ya mantienen contactos con sus afiliados; “conocemos a nuestra gente y no vamos a participar y caer en la manipulación de estos grupos que quieren causar inestabilidad”.

Para él, quienes impulsan el paro no tienen una plataforma sindical, sino una motivación política, a diferencia de huelgas y paros ocurridos en años anteriores, ahora existe una posición totalmente beligerante con la intención de interrumpir un proceso democrático, algunos manipulados por sectores de derecha.

Mesías Vicuña, secretario general del Sindicato de Choferes de Azuay, afirma que ellos continuarán trabajando y si es necesario saldrán a respaldar al Gobierno porque no hay un problema laboral, sino político, pues se ha llamado al diálogo pero existen grupos que solo quieren el paro y la confrontación.

“Si llega a haber algún inconveniente en nuestros trabajos, la Policía y las Fuerzas Armadas tendrán que garantizarnos la seguridad para el servicio de transporte, nosotros tendremos que ofrecer servicio a la ciudadanía.

No descartamos una marcha en la Plaza Grande. Estamos poniéndonos de acuerdo para ver si el 6 de agosto tomamos alguna acción de respaldo”, puntualiza. (I)