La Fiscalía del Guayas vinculó a cinco personas, entre funcionarios y exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, y un representante de una compañía proveedora, al caso que se sigue por presunto peculado en la adquisición de insumos médicos y prótesis de hombros para el área de Traumatología de dicha casa de salud.

Según refirió la Fiscalía, el perjuicio al Estado sería de 1’455.462 dólares. Por ello, en la audiencia de vinculación, el ente presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado (CGE) y el informe contable que determina un perjuicio económico de alrededor de 1’455. 462 dólares por un contrato para el área médica de la casa de salud.

Además, dispuso el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), versiones de los auditores de la CGE, copias certificadas del contrato remitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el acta de entrega-recepción de las prótesis, los requerimientos solicitados para el área de Traumatología, la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos) y la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.

También presentó informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística e investigativo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, ambas de la Policía Nacional, entre otros.

Con estos elementos, la jueza vinculó al proceso a Carlos Arturo V. F., Hayro Adalberto D. V., Julio Alejandro R. M., Andrés Alexander L. H. y Jorge Josué H. A. La justicia dictó prisión preventiva para el ex jefe de compras públicas de la casa de salud, Jorge Josué H. A., mientras que para los demás dispuso la presentación los 15 y los 30 de cada mes, ante el Fiscal de la causa.

Además, resolvió la prohibición de enajenar bienes por 350.000 dólares para cada procesado.

En contexto, la Fiscalía inició una investigación a mediados de julio del 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la CGE, por un presunto perjuicio de cerca de 1’455.462 dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis de hombros para la Unidad Técnica de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en el período correspondiente al 2019.

Una vez recaudados los elementos de convicción necesarios, Fiscalía solicitó el 17 de agosto de 2022 la audiencia de formulación de cargos contra Susana Sumpy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (funcionarios de la casa de salud) y Julia M. P. (contratista), a quienes se les dictaron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada 15 días ante Fiscalía. Además, dictó la prohibición de enajenas sus bienes por un monto de 350.000 dólares a cada uno.