La Contraloría General del Estado (CGE) analizó el contenido de 38 informes de auditoría relacionados con los procesos de contratación para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas y plantas de tratamiento de agua potable.

La entidad explicó que los exámenes especiales, aprobados entre 2018 y 2022, se utilizaron para elaborar el sexto Reporte de Control Público. Luego de ponderar 231 hallazgos, se obtuvo que el incumplimiento de las obligaciones contractuales, por parte de constructoras y fiscalizadores, fue la falencia que caracterizó la gestión de los recursos públicos, entre 2011 y 2021, en entidades adscritas al Ejecutivo, empresas públicas municipales, gobiernos autónomos cantonales y mancomunidades.

Según la Contraloría, los funcionarios y autoridades no velaron por el cumplimiento cabal de las cláusulas contractuales, como plazos y especificaciones técnicas, lo que derivó en retrasos injustificados en el inicio de operaciones y fallas en la infraestructura. Por su parte, los contratistas no se sujetaron a los planos y diseños, originando deficiencias constructivas en sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua.

En algunos casos, el hormigón y los materiales de construcción no cumplieron con la resistencia señalada en las normas técnicas; trabajos de excavación de cunetas, instalación de conexiones domiciliarias de agua potable, transporte y desalojo de materiales, entre otras actividades, no cumplieron con las características requeridas para garantizar la eficiencia y durabilidad de las inversiones.

El ente detalló que se identificaron cambios en los diseños de tubos, puntos de instalación de tubería, cámaras de medidor de caudal, etc., "aspectos que dificultaron el funcionamiento adecuado de los sistemas, en beneficio de la ciudadanía".

En su informe, la Contraloría precisó que equipos como válvulas, bombas de impulsión, medidores ultrasónicos de caudal y accesorios, "no funcionaron, no fueron instalados o no hay evidencia documental de su entrega. Los auditores observaron tuberías instaladas sin la profundidad necesaria, en lugares inestables, expuestas en la superficie, cristalizadas en tramos a cielo abierto y sujetas con alambres".

Agregó que "en algunas redes de conducción no se usaron anclajes y sujeciones en los cambios de dirección. Los contratistas no emplearon personal calificado, con la experiencia requerida para participar en los proyectos, ni desarrollaron las obras con el número de trabajadores necesario. Tampoco los aseguraron, por lo que no estuvieron cubiertos en caso de accidentes laborales, aunque las instituciones públicas hicieron desembolsos por esos conceptos". Pese a los incumplimientos, no se impusieron las multas establecidas en los contratos.

La segunda falencia recurrente tiene que ver con errores en el desembolso y recuperación de recursos. "Se transfirieron anticipos por valores superiores a los legalmente establecidos y no se observaron las cláusulas contractuales sobre la amortización, para devengarlos", indicó.

Los exámenes evidenciaron trabajos facturados sin documentación de sustento y la adquisición de equipos y accesorios por precios injustificados.

En tercer lugar, los estudios, planos y diseños de los proyectos estuvieron incompletos o desactualizados. De acuerdo con las auditorías, la construcción de plantas potabilizadoras de agua, el mejoramiento de sistemas de conducción y rehabilitación de redes de agua "no contaron con informes de viabilidad técnica, que garanticen su vida útil y funcionalidad". Estas deficiencias provocaron daños en la infraestructura, como fisuras en muros o desprendimientos de pintura, que afectaron la estabilidad y el funcionamiento en la dotación de agua potable.

Finalmente, el ente indicó que al finalizar las obras, algunos equipos y sistemas permanecieron embodegados y sin prestar el servicio para el cual fueron adquiridos.