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La delación pone en jaque el gobierno del presidente michel temer, implicado en la trama

Una jueza autoriza a 77 ejecutivos de Odebrecht confesar sobre red de sobornos

Unas oficinas de la empresa constructora Odebrecht, cuyos directivos están acusados de sobornar a políticos en Brasil y otros países de América Latina.
Unas oficinas de la empresa constructora Odebrecht, cuyos directivos están acusados de sobornar a políticos en Brasil y otros países de América Latina.
Foto: CDN
31 de enero de 2017 - 00:00 - Pablo Giuliano. Corresponsal desde Sao Paulo, Brasil

La bomba Odebrecht fue activada en la política de Brasil. La presidenta de la máxima corte, Carmen Lucia Antunes, dio luz verde a la delación de 77 ejecutivos de la mayor empresa constructora de América Latina que es considerada con capacidad para hacer estallar el gobierno del presidente Michel Temer.

La decisión de la presidenta del Supremo Tribunal Federal ocurrió  dos semanas después de la muerte del juez de la corte instructor del caso, Teori Zavascki. El magistrado falleció al caer la avioneta en la cual viajaba, un episodio sobre el cual se abrieron muchas hipótesis por tratarse, de la Operación Lava Jato, la que puede arrasar con el sistema político.

La delación de los ejecutivos, que incluye 43 menciones y una acusación de financiamiento ilegal de campaña contra el gobernante Temer, marcará la agenda política de un gobierno que ha enfriado a la economía, dio un giro a la derecha a favor de las corporaciones económicas y ahora busca controlar parte del andamiaje judicial.

Es que la jefa de la corte tomó el toro por las astas en el caso Odebrecht tras el fallecimiento de su colega. Ahora, la fiscalía evaluará las delaciones y comenzará las investigaciones de los casos.

Según la prensa local, el presidente Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) pretende nombrar a un nuevo ministro del supremo tribunal y así intentar ganar un adepto en la corte que decidirá sobre las acusaciones en su contra y la de sus principales aliados.

Los colaboradores de Zavascki escucharon el viernes pasado al detenido y condenado a 21 años de prisión por corromper agentes públicos, Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de ingeniería que confesó haber montado paralelamente una empresa de sobornos, financiación ilegal de campañas y cartel en las licitaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta semana también se sorteará el juez que heredará el caso Lava Jato, clave para Temer, quien fue acusado de pedir a un ejecutivo de Odebrecht $ 3 millones para la campaña de Paulo Skaf, jefe de la federación industrial de Sao Paulo (Fiesp), uno de los financistas del movimiento contra la expresidenta Dilma Rousseff en 2015 y 2016.

Temer y sus ministros están en la mira, incluso el más protegido por la prensa, el canciller José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), porque uno de sus recaudadores de campaña asumió que Odebrecht le depositó en una cuenta en Suiza $ 7 millones.

El diario O Estado de Sao Paulo reveló que el dinero fue repatriado a Brasil en la amnistía que Temer le dio a la renacionalización de dinero fugado y que Serra desconocía la operación.

Si Odebrecht asume que daba las cartas en el sistema partidario, la fiscalía -que acusó al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva de montar en la estatal Petrobras una red de corrupción- verá caer su hipótesis por tierra, ya que el asunto  involucra directamente a políticos. Además deja en evidencia a la derecha que con Temer como caballo de Troya logró destituir en un polémico juicio político a Rousseff.

“El golpe tuvo un concepto coyuntural, ya que el PMDB y el PSDB buscaron llegar al Poder Ejecutivo para controlar la Operación Lava Jato”, dijo la expresidenta Rousseff en España, durante una conversación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el programa televisivo online La Tuerka.

La politización de la Operación Lava Jato tuvo su foco en el Partido de los Trabajadores (PT) sobre todo en la primera instancia, con el juez Sergio Moro, acusado por Lula da Silva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por abuso de poder.

El comisario de la policía federal que investiga a Lula da Silva en cinco procesos, Igor Romario de Paula, reveló en una entrevista con el portal UOL que “el timming para detener a Lula puede volver en 30 o 60 días”.

De Paula es famoso por realizar en 2014 campaña a favor del senador Aécio Neves, candidato del hoy oficialista PSDB derrotado por Rousseff en las presidenciales. Su expulsión del caso fue solicitada por Lula da Silva, quien sigue siendo el favorito en las encuestas para las elecciones de 2018. (I)

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