La Corte Suprema se deslindó de responsabilidades
Un audio de Cristina revela espionaje en el Gobierno argentino
¿Hay espionaje político en Argentina? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está convencida de ello y responsabiliza al jefe de Estado, Mauricio Macri. Al menos un audio con la reconocible voz de la exmandataria, en el que se escucha insultar a un antiguo funcionario durante un diálogo telefónico privado, se propagó como reguero de pólvora por los medios.
La justicia asegura que todo es legal en el marco de una causa que se tramita en Tribunales. La “escucha” fue realizada a pedido de un juez y “analizada” por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente Mauricio Macri e investigado en la causa de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht.
Pero la AFI dejó de tener poder para intervenir en “escuchas telefónicas” desde una profunda reforma realizada en el organismo tras la misteriosa muerte del fiscal que investigaba el atentado a la mutual judía AMIA, Alberto Nisman, hace dos años. La Corte Suprema de Justicia creó bajo su ala una Dirección de Captaciones Judiciales para encargarse del tema.
Su director, Juan Rodríguez Ponte, admitió que por notificación del juez Ariel Lijo “nosotros le entregamos todos los CD con las grabaciones de las escuchas a personal de la AFI”, aunque nunca se explicó el motivo de este hecho. Lijo tiene a su cargo la investigación sobre el accionar del exjefe de inteligencia kirchnerista Óscar Parrilli durante la búsqueda de Ibar Pérez Corradi, por entonces prófugo de la justicia en una causa sobre un triple asesinato vinculado al tráfico ilegal de efedrina. El juez autorizó “pinchar” el teléfono de Parrilli.
Durante las “escuchas” se produjo un llamado telefónico entre Cristina Kirchner y Parrilli, cuyo audio ganó espacio en los medios tradicionales a pesar de formar parte de un expediente judicial bajo secreto de sumario. En esa conversación, del 16 de julio de 2016, la exmandataria maltrata a Parrilli con frases como “soy yo, Cristina, pelotudo”, un insulto muy fuerte en el argot del Río de la Plata.
En ese diálogo ambos hablan del exsuperespía Antonio Horacio Stiuso, uno de los miembros de inteligencia más mencionados en la causa Nisman, ya que era asesor especial del fiscal en el caso que investigaba el atentado a la AMIA. Stiuso fue considerado durante años un aliado del gobierno kirchnerista, pero en el último tramo de la gestión de Cristina Kirchner se convirtió en una piedra en el zapato e incluso fue echado de la AFI antes de la muerte del fiscal.
En el audio se escucha a Cristina Kirchner aludir a Stiuso a raíz de declaraciones del exmiembro de inteligencia sobre el caso Nisman. “A este tipo hay que matarlo. ¡Pero es un caradura!”, exclama. En Argentina frases como “lo mato” o “hay que matarlo” se utilizan sin ostentar una carga criminal sino como reacción visceral a una conducta determinada.
Además, en la conversación la expresidenta le pide a Parrilli que empiece a “buscar todas las causas que le armamos” a Stiuso, aunque enseguida aclara: “No que le armamos, que le denunciamos”.
Y luego pregunta: ¿A quién le armamos carpetazos nosotros? –en alusión a las “carpetas” con acusaciones que preparaban los servicios de inteligencia y que según denuncias en la mayoría de los casos buscaban solamente “ensuciar” a políticos y empresarios-. Parrilli contesta: “No, a nadie, si armaba las armaba él... él es el responsable de esas carpetas”.
Por este diálogo telefónico el fiscal Guillermo Marijuán denunció a la expresidenta por “abuso de autoridad y violación de los derechos de funcionario público”.
Pero, ¿quién divulgó el audio? La Corte Suprema se deslindó de responsabilidades. En un comunicado dijo que en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado “no ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia”. Todos los ojos apuntan ahora a los servicios de inteligencia comandados por Gustavo Arribas, quien fue denunciado por recibir presuntas transferencias millonarias por parte de un empresario vinculado al grupo Odebrecht, en el centro de un escándalo de coimas en Brasil y varios países de la región.
Macri respaldó al funcionario, pero en el seno de su propia coalición de gobierno se alzan voces contra Arribas, como las de la diputada Elisa Carrió, quien pidió investigarlo.
El fiscal federal Federico Delgado imputó a Arribas para que se investiguen los presuntos pagos que recibió en 2013 por parte de un “operador” de Odebrecht El diario La Nación publicó que Arribas recibió 5 transferencias bancarias por $ 600.000 de parte del “operador” de Odebrecht, Leonardo Meirelles, condenado por pagar más de $ 400 millones en sobornos para conseguir contratos fuera de su país.
Parrilli dijo que la filtración constituye “un mensaje cuasimafioso” para la oposición y comparó el caso con “un watergate autóctono”.
“Mi teléfono fue pinchado por una orden judicial, pero el objetivo clarito que tenía era hacer un seguimiento a las actividades políticas que la presidenta estaba realizando en ese momento”, aseguró.
“Estamos ante el verdadero Macri: el que ordenó espiar no solo a dirigentes opositores en su distrito, sino a su propia ‘familia’ y a familiares de víctimas del atentado a la AMIA”, afirmó Parrilli. De esa manera aludió a una causa que acusaba a Macri por montar una oficina de espionaje ilegal cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al presidente lo acusaban de espiar a familiares de víctimas de la AMIA y a un excuñado suyo en proceso de divorcio de su hermana. Fue sobreseído curiosamente pocas semanas después de asumir la Presidencia, aunque varios de sus exfuncionarios irán este año a juicio por esa misma causa.
Cristina Kirchner apuntó el dedo contra su sucesor: “Basta Macri. Ahora me denuncian por decir malas palabras. No saben qué más inventar. Este escandaloso espionaje político está siendo realizado por expresas directivas del presidente Macri. Las escuchas no se ordenaron para investigar; se usó esa causa para hacer espionaje político”, denunció Cristina Kirchner. (I)