El activista Julian Assange podría verse libre de 3 de las 4 acusaciones de abuso sexual la próxima semana cuando expiren las demandas.

“La próxima semana 3 de los 4 cargos” de la acusación de un supuesto caso de violencia sexual que pesan sobre Julian Assange podrían ser levantados, informó The Times, citando a fiscales suecos.

Esto se produce debido a que ya han pasado 5 años desde la acusación, plazo tras el que esta expira, según la legislación de Suecia, país donde se demandó al periodista, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político.

Según el diario, los 3 cargos están relacionados con una de las dos mujeres víctimas de supuestos delitos sexuales por parte del fundador de WikiLeaks en 2010.

Según el abogado de la víctima, Klas Bergstrom, su cliente “describe lo sucedido como una injusticia”. “Por un lado, quiere que el australiano responda por su delito y sea castigado. Por otro, no quiere aparecer en el tribunal”, explica el abogado.

Sin embargo, la orden internacional de detención de las autoridades suecas se mantiene en vigor 5 años más por otro cargo sexual contra Assange relacionado con la demanda de la segunda mujer.

Assange, que ya tiene 44 años, nunca fue acusado formalmente por las autoridades suecas por ningún crimen, y negó siempre todos los cargos contra su persona.

El fundador de WikiLeaks solicitó el 19 de junio de 2012 refugio en la embajada ecuatoriana para evitar su extradición a Suecia. Assange opina que desde Suecia lo extraditarán a Estados Unidos, donde lo van a procesar según la Ley de Espionaje por las filtraciones de material secreto y se enfrentaría a una larga pena de prisión o incluso a la pena de muerte. (I)

Ecuador y Suecia negocian el interrogatorio

Según el diario británico Financial Times, el Gobierno de Ecuador acordó con las autoridades suecas abrir negociaciones para permitir que se interrogue al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres.

Ecuador pide a Suecia que le reconozca al refugiado el carácter de asilado político antes de permitir el interrogatorio y, según una funcionaria judicial sueca, Cecilia Riddselius, una medida de ese tipo es inconstitucional en Suecia. (I)