Brasil anunció esta semana una avalancha de privatizaciones, desatando una verdadera euforia bursátil, aunque también dudas sobre una estrategia que pone en venta varias "joyas de la corona" con la mera intención de tapar déficits.

La lista de 58 activos abarca puertos, aeropuertos -incluido la rentable terminal aérea de Congonhas, en el estado de Sao Paulo-, licitaciones petroleras y gestión de loterías.

En la lista figuran igualmente Eletrobras, la mayor empresa de energía de América Latina, y hasta la misma Casa de la Moneda, que imprime la divisa nacional y los pasaportes.

Para completar el cuadro y las polémicas, el gobierno decidió abrir a la explotación minera privada un área de más de 40.000 km2 en plena selva amazónica.

Según las evaluaciones, el Estado podría recaudar con las privatizaciones unos 40.000 millones de reales (12.700 millones de dólares) antes de fines de 2018, cuando debe concluir el mandato del presidente conservador Michel Temer.

Una suma nada despreciable para un gobierno que este mes tuvo que aumentar las previsiones de sus déficits en 2017 y 2018, ante las demoras de recaudación y la lentitud del despegue económico después de dos años de grave recesión, que dejaron 13,5 millones de desempleados.

Temer aseguró en un video difundido el viernes en las redes sociales que el objetivo de esos proyectos "no es cubrir el déficit fiscal, sino crear empleos, generar renta y ofrecer un servicio de mejor calidad a la población".

Su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, sostuvo en cambio la víspera que el plan "da seguridad a los agentes económicos y a los consumidores de que se está alcanzando el equilibrio fiscal, ahora con la ayuda importante de las privatizaciones".

Los anuncios se realizaron en momentos en que el gobierno -desprestigiado por los escándalos de corrupción- enfrenta serias resistencias para aumentar impuestos o avanzar en la reforma de las jubilaciones, que considera esencial para sanear las cuentas públicas a largo plazo. (I)