Sin una solución a la vistas y con la orden de evitar los bloqueos y garantizar la seguridad de las caravanas, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a 55.000 uniformados vigilar las vías y carreteras para contrarrestar el paro de los camioneros. En esta protesta ya se presentó un muerto en la provincia de Boyacá, cuando un grupo de policías disparó gases contra los manifestantes, ocasionando la muerte de un joven.

A este hecho se suma que ante las dificultades para transportar alimentos de las zonas de producción hacia las ciudades, los precios se han incrementado hasta en un 50%, afectando con esto el bolsillo de los consumidores. Cálculos no oficiales indican que el país ya ha perdido casi $7.200 millones en los 39 días que completa el paro.

Ante esta situación, el Gobierno dijo que busca garantizar con autoridad el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad a algunas ciudades que ya presentan escasez.

Las conversaciones entre gobierno y transportadores están en punto muerto desde hace 4 días en que el gobierno se levantó de la mesa de negociaciones, cuando conoció que el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Amaya, que se dirigía a mediar con los camioneros, se había accidentado luego que manifestantes arrojaron piedras contra su vehículo.

Luego de una reunión con su gabinete, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, el Fiscal encargado y los gremios de la economía, el mandatario dijo que “el interés particular no puede primar sobre el interés general”.

El Jefe del Estado anunció, entre otras medidas, la inmovilización e incautación de los vehículos que se usen para bloquear las vías, la cancelación de las licencias a los conductores que participen en bloqueos, así como la cancelación de la licencia de operación a propietarios y empresas y la imposición de multas hasta por 480 millones de pesos. 

“Frente a la necesidad de garantizar el abastecimiento, el transporte de mercancías, he tomado, entre otras, las siguientes decisiones: inmovilizar e incautar los vehículos que se usen para bloquear las vías o impedir el servicio de transporte. Cancelar la licencia a los conductores que participen en estos bloqueos ilegales”, precisó. 

Disposición

No obstante, el Presidente de la República reiteró la disposición del Gobierno nacional para encontrar una salida al paro del sector transportador. 

Por su parte, los empresarios agremiados en la Andi dieron su total respaldo y apoyo a las decisiones de la administración Santos. “En este sentido respalda la decisión de judicializar las acciones que van en contra de la población, las amenazas, el intento de desabastecimiento y la restricción a la movilidad de los colombianos”.

El jefe de Estado apeló a la urgencia de salvaguardar la “seguridad alimentaria” y agregó que el Gobierno no va a permitir que los precios de los alimentos suban permanentemente debido a estas movilizaciones, que el sábado cumplen 39 días. “Vamos a proteger el interés de todos los colombianos sobre los intereses económicos de unos pocos. Es inaceptable que para levantar el paro se tenga que mantener un sistema de chatarrización que no es más que un foco de corrupción”, afirmó Santos.

Declaró además que su gobierno siempre ha sido respetuoso de la protesta social mientras sea pacífica, pero, ante los recientes focos de violencia, su administración no va a ceder a las amenazas. “Si aceptamos las exigencias que están sobre la mesa, se suben un 10 % los productos de la canasta familiar. Eso no lo podemos aceptar”.

Frente a esta situación, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a través de su cuenta en Twitter manifestó su rechazo por la afectación que se ha presentado durante el paro camionero y cuestionó que el Gobierno no haya implementado las medidas necesarias para mitigar estos hechos. Según el Procurador, si bien no debe criminalizarse la protesta social, sí debe buscarse los mecanismos correspondientes para que lleguen y se cumplan los acuerdos, inclusive, los que se han pactado en paros anteriores con el sector transportador.

“No se puede tratar a los camioneros colombianos como si fueran terroristas y a los terroristas como si fueran empresarios”, señaló el Procurador.

¿Sin salidas?

Por su parte, el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, Luis Orlando Ramírez, reconoció que el paro camionero que adelantan se “salió de las manos por personas ajenas a la protesta”  y que los transportadores “ya no sabemos qué hacer”.  

Asimismo el dirigente gremial aclaró que con las medidas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos para afrontar el paro, “el Gobierno busca acabarlo y obligarnos a trabajar a pérdida”, pero que “acabar la protesta hoy nos va a llevar a un paro nuevamente en dos meses porque no hay respuesta a las peticiones de nosotros y seguirán los mismos problemas”.

A la par con esta situación, la situación en el país se tornaba negativa ante el paro. En Ibagué se incautó la primera tractomula con fin de extinción de dominio por bloquear las vías, anunció el Ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que esta tractomula fue decomisada después de que intentara bloquear una de las vías de la capital del departamento del Tolima.

La medida se llevó a cabo en compañía de la Fiscalía General de la Nación y tal y como lo ordenó el presidente Juan Manuel Santos. Según el jefe de la cartera de Defensa, en este momento se prepara la orden para extinción de dominio del vehículo.

Movilidad

En Bogotá, las empresas de transporte de pasajeros se niegan a ir hasta la ciudad de Tunja, por miedo a las eventuales afectaciones de los bloqueos y protestas.

En este sentido, la Terminal de Transporte de Bogotá aseguró que está afectado el 40 por ciento de la operación total, con la negativa para despachar alrededor de 700 vehículos diarios para cubrir el corredor norte.

Eduardo Navarro, subgerente de operaciones de la Terminal de Transporte de Bogotá, afirmó que en temporada baja se mueven aproximadamente 2 mil 100 pasajeros al día por las rutas del corredor norte.

Asimismo, los constantes bloqueos que impiden la comunicación de varias partes del país con Boyacá, han dificultado considerablemente que las misiones médicas puedan transitar en esta región.

La red hospitalaria reporta un considerable desabastecimiento en sus insumos, incluida la reserva de sangre, medicamentos, y otro tipo de elementos para atención básica de pacientes especiales y de urgencias.

Ramírez, director de ATC, uno de los gremios que mantienen la protesta, aseguró que la orden que les han dado a los manifestantes es que no recurran a las vías de hecho y le pidió al Gobierno que no los trate como delincuentes.

Asimismo, el gremio de la producción en el país está sintiendo las consecuencias del paro. Los presidentes de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) y la Federación de Productores de Arroz (Fedearroz) alertaron sobre un posible aumento de los precios de estos alimentos. De hecho, se conocieron las cifras de inflación para el primer semestre del 2016, que alcanzó el 5,1% y el rubro que registró una mayor alza de precios es alimentos, con 8,36%.

“Si el paro se extiende, los aumentos (de los precios) se tendrán que dar en las primeras dos semanas de julio (…) La seguridad alimentaria debe estar por encima del derecho a la protesta”, dijo el presidente de Fenavi, Andrés Valencia. Según él, Colombia está en una situación difícil, pues año a año se retrocede en materia logística. “Ocupamos el lugar 94 entre 160 países con mayor atraso en logística de transporte (...) Se debe resolver el tema estructural para desembotellar la competitividad”.

Por su parte, el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández, ha manifestado que el arroz incrementará su precio, pues a causa del desabastecimiento deberán importarlo. (I)