La primera senadora transexual de Uruguay, Michelle Suárez, impulsa un proyecto de ley que busca compensar a esa minoría históricamente marginada y asegura que ella misma se ve expuesta a hostigamiento.

Legisladora suplente, Suárez, integrante del Partido Comunista que es parte de la coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde 2005, ingresó al Parlamento el 10 de octubre y ocupará el puesto de forma itinerante cuando esté ausente su titular, el senador Marcos Carámbula.

Al momento de la entrevista con la AFP, Suárez ocupaba su escaño en busca de impulsar un "proyecto de ley de acciones afirmativas para la población trans". Actualmente, se ve envuelta en una investigación judicial por su actividad privada como abogada, en un caso que involucra posible falsificación de firma.

En su casa de Salinas, un balneario ubicado unos 40 km al este de Montevideo, Suárez, que viste de negro y rojo y habla en tono firme, asegura que decidió ingresar a la política luego de participar en grupos de defensa de los derechos de las minorías sexuales, como una forma de "apuntalar lo que se había obtenido".

En este sentido, recuerda que Uruguay fue el segundo país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013.

Ahora, impulsa un proyecto de ley que busca proteger y compensar a la población trans de Uruguay, a la que considera históricamente marginada.

Se trata de un conjunto de medidas "temporarias, enfocadas a un grupo vulnerado históricamente (...) para el cual se considera que ha habido inconvenientes para el acceso igualitario a la protección y goce de derechos fundamentales" como la salud o la educación, explica.

El objetivo es que puedan obtener un trabajo por fuera del mercado del sexo en el que la mayoría se desempeña, "poder educarse, ya que el 90% nunca ha terminado la secundaria, tener acceso a la salud y no seguir encontrando mujeres muertas porque se ponen silicona líquida o silicona industrial" para tratar de tener pechos femeninos, señala.

La iniciativa busca además "que quienes no tienen posibilidades de reinserción (por razones de edad o salud por ejemplo), tengan una prestación de sobrevivencia" que alcanzaría los $ 380 mensuales.

Es "el primer paso de un largo camino" para "combatir los elementos de hostigamiento a la población trans", sostiene la legisladora.

Según la red de organizaciones Transgender Europe (TGEU), entre octubre de 2016 y setiembre de 2017, 325 personas trans han sido asesinadas en 71 países censados, 30 más que en igual período anterior.

"Yo siempre me sentí una nena. (...). Siempre me identificaron como mujer", asegura.

"Entre los 11 y los 15 (años) fui asexuada. Fingí que no tenía manifestaciones de ningún tipo a nivel sexual a los efectos de poder mantener la paz. Mientras era un secreto a voces, estaba todo bien", dice.

Luego, "me acosté siendo apreciada, valorada, y me desperté siendo una degenerada. Todo aquello que pude haber sembrado en las personas que me conocían se desvaneció" y comenzó un "hostigamiento constante", relata.

Antes de ocupar una banca en el Senado, Suárez, de 34 años, era una militante conocida por la causa de la población trans en Uruguay.

Ejerce como abogada y durante su primer mes en el Congreso surgió una polémica en su actividad particular que, por su nueva posición, cobró rápido estado público. Actualmente es investigada en un caso que involucra presunta falsificación de firmas.

El "linchamiento social que viví a los 15 (años) lo vivo ahora a los 34, con el aditamento de cámaras filmándolo y transmitiendo", resume en diálogo con la AFP en el Palacio Legislativo sobre la exposición por esta causa.

"Cualquier tipo de acusación que salga contra mí es tomada como cierta. No está el beneficio de la duda, porque las personas trans somos fácilmente desacreditables", sostiene, y afirma que el mediático caso la expone a potenciales "situaciones de hostigamiento y de violencia".

"La única defensa que tengo es la calma y la precaución", concluye, mientras el caso sigue su curso. (I)