Gran Bretaña dio marcha atrás con una polémica ley por la cual se iba a obligar a inmigrantes procedentes de África, Asia y América Latina a pagar una “garantía de regreso” a sus países de origen, por un valor de 3.000 libras esterlinas (unos 4.800 dólares), decisión calificada como “discriminatoria” por los partidos de izquierda y organismos de derechos humanos.

La medida, que generó fuertes críticas de varios países africanos y asiáticos, provocó también una profunda división en el seno del gobierno de coalición, conformado por conservadores y liberales democráticos.

La llamada “garantía de regreso” había sido ideada por el gobierno de David Cameron, como parte de su política para desalentar la inmigración irregular a Gran Bretaña.

Bajo el fallido plan, visitantes procedentes de los países como India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Ghana, o también de naciones latinoamericanas, que buscaban una visa de seis meses en Gran Bretaña, iban a ser obligados a pagar 3.000 libras como depósito, dinero que perderían en caso de no regresar a sus países en el plazo acordado.

La marcha atrás en las políticas inmigratorias del Gobierno dejan en evidencia divisionesEl Gobierno británico eligió esas nacionalidades por considerarlas “de alto riesgo” en materia de inmigración irregular.

Los últimos sondeos de opinión indican que la inmigración es uno de los temas más preocupantes de la mayoría de electores en Gran Bretaña, donde el gobernante Partido Conservador enfrenta un creciente avance del antiinmigratorio y xenófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).

El cada vez mayor apoyo de los británicos al UKIP ha preocupado a los “tories” (conservadores), de cara a los comicios generales de 2015, que a su vez llevó a un endurecimiento de las políticas inmigratorias.

El UKIP, que busca la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y aboga por políticas de puertas cerradas a los inmigrantes, logró avances en las elecciones municipales de mayo pasado en Inglaterra, al ganar uno de cuatro votos.

La marcha atrás en las políticas inmigratorias del gobierno dejan en evidencia divisiones dentro de la coalición, donde los liberales democráticos, que son socios minoritarios, se oponen a medidas inmigratorias duras. Inicialmente, el viceprimer ministro británico, el liberal democrático Nick Clegg, había dado su aprobación a las “garantías de regreso”, pero cambió de parecer luego de que su agrupación la calificara de “discriminatoria”.

La decisión se tomó dos semanas después  que el gobierno de Cameron se vio obligado a dar marcha atrás a una polémica medida para desplegar carteles en autobuses y camiones, con la frase “vuélvete a casa o enfrenta el arresto”, destinada a los inmigrantes sin papeles.

Un plan piloto lanzado en Londres generó  acusaciones de racismo y discriminación por parte de políticos y ONG locales que trabajan por los derechos de los inmigrantes. Cameron mejoró recientemente sus niveles de popularidad tras admitir que su gobierno logró bajar un tercio la inmigración neta anual a Gran Bretaña, desde que su coalición asumió el poder en mayo de 2010.

El primer ministro prometió que bajará los índices de inmigración, en el país, a las “decenas de miles”  de los actuales “cientos de miles”.

Por su parte, el opositor Partido Laborista, que en los últimos sondeos supera a los conservadores con un mayor apoyo popular, dijo que Cameron preside políticas inmigratorias “en caos”.

“Parece que el gobierno de David Cameron no puede hacer nada bien cuando se trata de lidiar con la inmigración ilegal”, declaró David Hanson, portavoz de temas de Inmigración del Laborismo.

“Inversores en India están  desanimados a invertir en el Reino Unido mientras que el Ministerio del Interior  no se ponga de acuerdo acerca de qué políticas implementa para frenar y deportar a inmigrantes indocumentados”, agregó.

Sin embargo, el gobierno de coalición sostiene que el refuerzo de las políticas inmigratorias son eficientes y están dando efecto. Recientemente anunció que reforzará las leyes de inmigración para incrementar las multas a los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, obligue a los propietarios a controlar el estatus inmigratorio de sus inquilinos, y dificulte a los extranjeros sin permiso para vivir en el país a abrir cuentas bancarias y sacar el permiso de conducir.