Madrid.-

Casi dos años tardó el Ministerio de Hacienda en entregar al juez de Madrid el informe definitivo del patrimonio del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato (foto). La Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria española (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de haber defraudado a través de empresas pantalla 6,8 millones de euros ($ 7 millones) entre 2004 y 2015.

Estas acusaciones contra quien fue vicepresidente durante el gobierno de José María Aznar  (1996-2004) se añaden a otros problemas judiciales. Rato espera el veredicto sobre un caso de malversación de fondos durante su presidencia en el banco Bankia entre 2010 y 2012, por el que podría enfrentar varios años de prisión.

Rato, ministro español de Economía entre 1996 y 2004, omitió declarar un “importe ligeramente superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015, ambos inclusive”, escriben los autores de este informe de la ONIF, dependiente de Hacienda, desvelado ayer por el diario El País.  

La ocultación de estos ingresos provocó que el fisco español dejara de ingresar un importe de 6,8 millones de euros. A excepción de 2005, la cantidad defraudada no bajaría de los 120.000 euros cada año.

“Cuatro sociedades a su nombre -dos panameñas, una británica y una española- han sido utilizadas para la ocultación de rentas (y patrimonio financiero) que han escapado al control fiscal y cuyo beneficiario efectivo ha sido Rodrigo Rato”, se puede leer en el informe.

Otra parte de los ingresos no declarados procedía de las actividades de una sociedad de publicidad y relaciones públicas fundada por Rato, meses antes de ser nombrado número dos del gobierno conservador de José María Aznar en 1996. (I)

La pesquisa sobre fortuna inició en 2015

El inicio de las pesquisas sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno comenzó en abril de 2015, cuando la ONIF alertó a la Fiscalía de Madrid de irregularidades en el patrimonio de Rodrigo Rato e inició un proceso que empezó con el registro de su domicilio y su despacho particular, la incautación de documentación y su detención televisada.

Luego de siete horas recobró su libertad por orden del juez de Instrucción número 35 de Madrid. (I)