La capital de Puerto Rico, San Juan, es el escenario de incesantes protestas encabezadas por deportistas y artistas, como Ricky Martin y Bad Bunny. Un creciente número de manifestantes marchan por las calles y se reúnen en La Fortaleza, residencia oficial del gobernador Ricardo Rosselló, donde escuadrones de policías, con equipo antimotines, usan gases lacrimógenos para dispersarlos.

Las protestas se generaron hace una semana por un polémico chat de mensajería oficial en el que se lanzó insultos homofóbicos, misóginos y en el que se conspiró contra opositores políticos. Pero también responden a un rechazo hacia décadas de malos manejos por parte de líderes gubernamentales, mientras los puertorriqueños sufren muchas necesidades.

La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza de 45%, un nivel de desempleo del 12% (el doble de la media de Estados Unidos) y una población que decrece por la emigración.

La isla lleva 12 años de recesión económica. En 2015, el gobierno declaró impagable la deuda con acreedores y pensionados que podría ascender a $ 120.000 millones. Poco después, el Congreso aprobó la Ley Promesa, que terminó con el simulacro de democracia que había al incluir la designación de una Junta de Supervisión Fiscal que responde al legislativo estadounidense, con poderes sobre el gobierno electo y que impuso severas medidas de austeridad.

Dos años después, en 2017, el huracán María destruyó el país, causó más de 3.000 muertes y pérdidas estimadas en $ 90.000 millones. La recuperación es lenta por la respuesta fallida del gobierno. Además, porque Washington -que alega que hay desconfianza en el gobierno local- suelta el dinero de la reconstrucción a cuentagotas.

La Junta de Supervisión Fiscal de EE.UU. aprobó para el año fiscal 2019 $ 8.757 millones para el Fondo General y $ 20.663 millones para el Presupuesto Consolidado del gobierno, lo que implica el recorte de $ 345 millones al presupuesto de la isla.

Esta situación molesta a la población y deja a Rosselló, que asumió como gobernador el 2 de enero de 2017, carente de legitimidad en distintos frentes, afirma la historiadora Silvia Álvarez Curbelo. 

Álvarez, que se retiró el año pasado de la Universidad de Puerto Rico, dijo a The New York Times que las protestas contra el gobernador no tenían precedentes e incluso superan las manifestaciones por la falta de atención tras el huracán María. 

Para apaciguar a las multitudes, el domingo Roselló anunció que no se presentará a la reelección en los comicios de 2020.

Pero los puertorriqueños no se conforman y exigen su dimisión inmediata al frente del gobierno. (I)