El proceso de privatización de 212 empresas de Bolivia en el periodo 1985-2005 y que comprende siete gestiones de Gobierno ocasionó un daño económico de unos $ 22.000 millones, según un informe de la Asamblea Legislativa.

Una primera parte del reporte, elaborado por una comisión especial parlamentaria, fue presentada este martes 15 de enero ante el pleno del Legislativo, en el que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría.

El presidente de esa comisión, el senador Rubén Medinacelli, dijo a Efe que el perjuicio económico de lo que llamó "enajenación" supera los $ 22.000 millones de acuerdo a la actualización de su valor referencial.

Medinacelli aseguró que la investigación tiene un nivel eminentemente técnico y que estudia a los Gobiernos neoliberales que causaron un corte al desarrollo económico del país.

La investigación indaga sobre las transferencias a capitales privados en los Gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer (1997-2001), Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005).

En ese periodo fueron privatizadas 157 empresas de un total de 212, y de ellas, 7 eran consideradas estratégicas porque otorgaban excedentes al Estado, según Medinacelli.

Otras 55 mantuvieron continuidad institucional aunque con dificultades, declaró el senador a los medios.

En una rueda de prensa, el presidente del Senado, Milton Barón, manifestó que la investigación, cuyo texto sobrepasa las 2.700 hojas, es un aporte a la memoria histórica del país para que recuerde el "tremendo" daño económico del periodo neoliberal boliviano.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que dentro del proceso están incluidos "los que hoy son candidatos a la Presidencia", aludiendo a Paz Zamora, Mesa y al exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) que terciarán en los comicios nacionales de octubre próximo.

Según la comisión legislativa, el proceso de privatización se inició en 1985 y se agudizó en el periodo 1993-1997 con la llamada capitalización o venta de las empresas más grandes del país a firmas extranjeras, hasta proseguir con procesos menores que, se explicó, culminaron en 2005.

A juicio de la comisión, se encontraron varias irregularidades en ese proceso, pero será otra instancia que las "tipifique" y luego "identifique" a sus actores en un proceso jurídico.

Ante esto, el empresario opositor Samuel Doria Medina escribió en Twitter que la investigación legislativa tiene el objetivo de "atacar a la oposición" y tildó de "inaceptable" ese "derroche de dinero motivado por el odio".

Doria Medina, que fue ministro de Planeamiento entre 1991 y 1993, ha sido señalado varias veces por el Gobierno de Evo Morales como uno de los principales impulsores de las privatizaciones de empresas nacionales.

La lectura del informe ante el Legislativo continuará este miércoles, cuando se aborde la etapa de la Capitalización, y finalizará el jueves, cuando se establezcan los resultados finales del periodo que abarca los veinte años.

La investigación del Parlamento boliviano comenzó en julio de 2013, pasó por varias etapas de indagación y sus resultados definitivos se presentan oficialmente esta semana ante el pleno de legisladores. (I)