El pasado 29 de julio, la Comisión Europea -la institución de la Unión Europea que supervisa el cumplimiento de los tratados comunitarios- abrió formalmente un “procedimiento de infracción” contra el gobierno polaco por el paquete de reformas que instituyó para obtener el control del sistema judicial.

Como parte de este la Comisión Europea envió al gobierno de Varsovia una “Carta de notificación formal”, a cuyas preocupaciones debe responder en menos de un mes.

Compuesto de 4 reformas constitucionales, que aprobó el parlamento polaco, la iniciativa generó fuertes críticas de varios gobiernos de Europa y del de Estados Unidos, así como manifestaciones multitudinarias en el país. El gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) argumenta que esas nuevas leyes son imprescindibles para detener la corrupción y la mala administración en los tribunales, cuyo marco institucional data de la época comunista del país.

Frente a la intensa presión social y diplomática, el presidente polaco, Andrzej Duda, del mismo partido del gobierno y su fiel aliado (apodado por sus críticos “la pluma del PiS”), sorpresivamente vetó dos de las reformas. La prensa europea publicó que previamente recibió las llamadas telefónicas de la canciller alemana, Ángela Merkel, y del Departamento de Estado estadounidense, además de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, habló con sus asesores.

Duda vetó una reforma controvertida que permite al ministro de justicia nombrar y retirar jueces de la Suprema Corte, lo cual la CE considera la “línea roja”. Vetó también otra que le otorga al régimen nuevos poderes sobre el Consejo Nacional de la Judicatura, que controla la profesión.

Además reconoció públicamente que se había decidido a declinar su firma en esos casos porque tales modificaciones legales ponen al poder judicial bajo el control gubernamental.

El presidente, sin embargo, autorizó con su firma un par de reformas más, que van en la misma dirección: una confiere facultades al gobierno para designar a los jueces que presiden las cortes de apelación y de distrito, y otra permite al gobierno nombrar a los jueces asistentes de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Procuraduría Pública.

La Comisión Europea abrió el “procedimiento de infracción” por estas 2 últimas reformas, luego de que el 28 de julio fueron publicadas en el Diario Oficial de Polonia.

El gobierno de Varsovia no soportó el gesto de su incondicional y acusó a Duda de haber cometido “un grave error” al declinar su aprobación al conjunto de reformas. Avisó además que no abandonará las iniciativas vetadas.

La Comisión advirtió al gobierno polaco que, si continúa con su propósito, a la institución no le quedará más remedio que activar el Artículo 7, un procedimiento en 2 fases que evalúa el riesgo de amenaza al Estado de Derecho y que eventualmente puede llevar a la suspensión del derecho de voto de Polonia en el Consejo Europeo, el órgano vertebral de la UE donde los gobiernos de los países miembros toman decisiones colectivas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, advirtió que esa institución está “muy cerca de activar el artículo 7”.

“Nuestra mano está extendida a las autoridades polacas para dialogar, pero esto no detendrá a la Comisión de tomar cualquier medida que estime necesaria”, dijo Timmermans.

En la práctica, la Comisión Europea tendrá primero que concluir que existe en el caso polaco “un riesgo claro de seria violación a los principios de la UE”, y después convocar al Consejo Europeo –los Estados miembros– para convencerlos de activar el artículo 7, que solo podrá suceder si todos están de acuerdo. En este punto se introduce un factor interno de la política polaca: el presidente del Consejo es el exprimer ministro de ese país, Donald Tusk, miembro de Plataforma Cívica, el partido de centroderecha que antecedió en el gobierno al PiS.

Es probable que Tusk, quien termina su mandato comunitario en 2019, busque competir en las elecciones del año siguiente en su país. Por ello, ha sido cuidadoso de no parecer que aprovecha su cargo internacional para atacar por interés personal al gobierno de su propio país.

El Gobierno polaco ya reformó el año pasado el Tribunal Constitucional, lo que le granjeó también fuertes protestas en las calles y las críticas de Bruselas, que abrió un procedimiento general contra Polonia para proteger el Estado de derecho.

Además, el Ejecutivo del PiS está enfrentado a la CE en otras cuestiones, como en la reforma de la edad de jubilación, ya que Varsovia quiere que las mujeres dejen de trabajar antes que los hombres, y en la tala de árboles en el parque nacional de Bialowieza. (I)