El Gobierno polaco sigue adelante con su reforma judicial a pesar de la oposición de la presidenta del Tribunal Supremo, de las protestas ciudadanas y de las críticas de la Unión Europea (UE), a la que reitera que la estructura de la justicia es una competencia interna de cada país.

Las manifestaciones contra la reforma ante el Supremo, en Varsovia, y tribunales del país, bajo el lema “En defensa de la legalidad constitucional, contra la reforma judicial del gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia” se desarrollaron durante el día.

La presidenta del alto tribunal, Malgorzata Gersdorf, también desafió al Ejecutivo presentándose a trabajar.

La asistencia de Gersdorf a su trabajo supuestamente es un desafío a la nueva ley, que desde este miércoles 4 de julio fuerza su renuncia y la de casi la mitad de los magistrados de la corte, que Bruselas califica de ataque al estado de derecho.

“He venido para defender la legalidad”, dijo a su llegada al edificio, arropada por cientos de personas que la felicitaban por su entereza ante la polémica reforma.

La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf.

Poco después el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendía ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial “según sus tradiciones”, después de que la UE abrió un procedimiento de infracción a Polonia por la reforma del Supremo.

Morawiecki puso de relieve que la estructura judicial de Polonia no cambia desde el comunismo, y recordó que algunos de los principales jueces polacos se mantienen en su puesto desde el citado régimen, lo que exige una profunda reforma para “eliminar definitivamente el comunismo de las instituciones polacas”.

La ley establece que los jueces que deseen continuar deben pedirlo al presidente polaco, Andrezj Duda, vinculado al partido la fuerza nacionalista Ley y Justicia, que les renovaría el mandato tres años más. (I)