Polémica por ascenso de César Milani
El nombramiento del nuevo jefe del Ejército, César Milani, abrió una inesperada grieta entre el gobierno y un sector de las Madres de Plaza de Mayo y organismos defensores de derechos humanos en Argentina. “Esto es un error, un gran retroceso en la política de derechos humanos” del gobierno de la presidenta Cristina Fernández, dice a EL TELÉGRAFO Nora Cortinas, figura de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las dos alas en que está dividida la organización.
Y agrega: “no estoy de acuerdo con su nombramiento. Milani está cuestionado” por su rol durante la última dictadura militar (1976-83) que ensangrentó al país y causó 30.000 desaparecidos.
El cuestionamiento surge del prestigioso Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que dirige Horacio Verbitsky, un tradicional defensor de las políticas de gobierno desde sus columnas políticas en el diario Página/12. El organismo cuestiona el rol de Milani en la represión ilegal en La Rioja y su papel en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 114.
Verbitsky dijo que el flamante jefe del Ejército cumplió funciones en esa provincia cuando era subteniente y “fueron asesinados por militares y policías el obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y el laico Wenceslao Pedernera”.
El crimen de Angelelli, obispo de La Rioja, es un caso emblemático. Desde el púlpito atacó a la dictadura. Fue asesinado el 4 de agosto de 1976 cuando el vehículo en que viajaba volcó tras ser perseguido y encerrado por un automóvil misterioso. El papa Francisco, el 4 de agosto de 2006, en el 30 aniversario del crimen y cuando era titular de la Conferencia Episcopal Argentina, recordó una frase de Tertuliano para honrar a Angelelli: “la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”.
Verbitsky dijo que “el ascenso del ahora teniente general César Milani es un error político. Pero afirmar que ello invalida la política de derechos humanos de la última década revela un sesgo deliberado. Esa pretensión no proviene de quienes han luchado por la memoria, la verdad y la justicia, sino de quienes se opusieron o al menos fueron indiferentes a todo avance en esa dirección”.
Sus palabras estaban dirigidas a un vasto arco opositor que aprovechó la polémica para intentar invalidar los logros de la política oficial de derechos humanos del gobierno que posibilitó, a través de la derogación de las leyes de “obediencia debida” y “punto final” aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), reabrir las causas contra dictadores y represores. Hoy, cientos de ellos están en prisión o procesados por la justicia.
La diputada Elisa Carrió (UNEN, centro-izquierda), una férrea opositora al gobierno, manifestó que Milani “es un ladrón” y subió la apuesta: “este hombre es muy parecido (al fallecido exjefe de la Marina e integrante de la primera junta militar Eduardo) Massera”.
El jefe del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, fue más allá: denunció que “desde el Ejército argentino” se está “haciendo inteligencia interna a los políticos” y acusó al gobierno de “involucrar a las Fuerzas Armadas en inteligencia interna”.
A Milani se lo vinculó con la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo, la supuesta aplicación de apremios ilegales al preso político Ramón Olivera y, por supuesto, enriquecimiento ilícito. Pero nunca ha sido procesado.
