La amenaza latente de perder a su principal aliado en la coalición gubernamental, sumada a las manifestaciones del domingo pasado en el país, ponen a prueba la capacidad de reacción del Ejecutivo brasileño.

Treinta días contados a partir del sábado último fue el plazo que dio el Congreso del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande y de mayor representatividad de Brasil, para decidir si continúa o no apoyando la gestión de la presidenta Dilma Rousseff en su segundo mandato.

El PMDB, el partido del vicepresidente Michel Temer, posee la más alta cifra de senadores (18) y es la segunda fuerza política en cantidad de diputados (66). Cuenta también con el mayor número de gobernadores (7 de 27), 1.022 alcaldes y 6 de sus miembros ocupan carteras ministeriales.

“Es obvio que la situación del gobierno no es fácil por las dificultades generadas por la crisis económica, la presión mediática y las derivaciones de la operación Lava Jato”, dijo la víspera la diputada federal Jandira Feghali al evaluar el impacto de las marchas a favor del juicio político de la mandataria y contra la corrupción.

“Mas, nosotros necesitamos tener una salida con Dilma; hay un espacio de construcción importante con los movimientos sociales y en la elaboración de una nueva agenda económica para Brasil. Es en eso en lo que debemos trabajar”, consideró.

A finales de febrero pasado, el directorio nacional del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) adelantó un Programa Nacional de Emergencia, que consta de 22 puntos y en el cual manifiesta la convicción de que la salida a la crisis está en retomar el combate contra la desigualdad en la distribución de las ganancias y las riquezas.

Ese propósito -subraya el documento- no puede ser pospuesto hasta que se resuelva la situación fiscal. Por el contrario, puntualiza, las cuentas estatales solo podrán sanearse a partir de la radicalización de los mecanismos redistributivos.

El camino para el gobierno es modificar su política económica, promover reformas estructurales, como la política, agraria y tributaria, y movilizar el apoyo de los movimientos sociales, manifestó el dirigente nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), Joao Pedro Stedile.

Aliado histórico del PT, Stedile comentó en recientes declaraciones a la prensa que en el actual mandato el Ejecutivo paralizó el proceso de reforma agraria; retomó el camino de las políticas neoliberales con la propuesta modificación a la legislación sobre seguridad social, y llevó al Congreso una cuestionada ley antiterrorismo.

En una misiva enviada anoche, el teólogo Leonardo Boff pidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva su incorporación al aparato gubernamental en condición de ministro de la República, ante el riesgo de que se pierdan las conquistas alcanzadas por las administraciones petistas. “Con usted en la negociación estaremos seguros de contar con alguien que, con autoridad y poder de convencimiento, ayudará a conducir a una solución política y social que salve a nuestra frágil democracia y garantice la continuidad de las medidas sociales humanizadoras”.

Por otro lado, la justicia brasileña publicó la declaración de 3 horas que hizo Lula el 3 de marzo pasado. Allí el exgobernante afirma que será candidato en 2018. Esa es una posibilidad que se especulaba en el país sudamericana, pero nadie la había confirmado. “Yo, que estoy viejito, que quería descansar, pero voy a ser candidato a la Presidencia en 2018”. (I)  

Petrobras y Odebrecht fueron multados

Los fiscales brasileños acusaron a ejecutivos del conglomerado de la construcción Odebrecht y de la petrolera estatal Petrobras de estar involucrados en irregularidades y les exigieron que paguen 7.300 millones de reales ($ 2.000 millones) en daños.

Los fiscales acusaron a Odebrecht de pagar sobornos para ganar contratos multimillonarios con Petrobras como parte de un esquema de corrupción masivo que involucró a decenas de políticos y altos ejecutivos.

Odebrecht actualmente es investigada por su participación en el escándalo de sobornos y tráfico de influencias en torno a Petrobras, una pesquisa conocida como Operación Lava-Jato.

Marcelo Bahía Odebrecht, quien dirigía la compañía desde el año 2008 hasta hace varios meses, fue sentenciado el pasado martes a alrededor de 19 años en prisión por vinculación con el escándalo de Petrobras. (I)