La suerte de Gustavo Petro, en manos de Santos
La situación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está ahora en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien deberá decidir si acata la destitución ordenada por la Procuraduría o las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las cuales hay polémica en el país en el sentido de si son de obligatorio cumplimiento o no.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo llegar hoy a Santos una carta en la que le solicita que ejecute el fallo por el que se destituye e inhabilita por quince años a Petro. Con este trámite, el último previsto en este proceso, el presidente tiene diez días para tomar una decisión.
Además, Ordóñez ha solicitado una reunión a Santos para informarle de las implicaciones de la decisión, aunque por razones de agenda todavía no se ha fijado fecha para este encuentro.
El director ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en declaraciones a una emisora local señaló que las medidas cautelares no constituyen un pronunciamiento de fondo, sino que se pide la suspensión de la destitución e inhabilitación de Petro por 15 años para estudiar si esa decisión se ajusta a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, recoge la agencia Efe.
La deliberación de la CIDH se conoció anoche, tan sólo cinco horas después de que el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal contencioso-administrativo de Colombia, invalidara 23 tutelas o recursos de amparo en contra de la sanción administrativa de Petro, lo que implicaba que su salida de la Alcaldía estaba en curso.
"La Comisión actúa bajo la hipótesis de que sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y está bajo el escenario de que serán atendidas", agregó el jurista de nacionalidad mexicana.
La CIDH tiene un plazo de tres meses para recibir de manos del Gobierno colombiano el expediente del caso de Petro, estudiarlo y tomar una determinación, y agregó que en el otorgamiento de las medidas cautelares han primado los principios de "urgencia, gravedad y reparabilidad".
Además, recordó que la Constitución de Colombia reconoce la competencia de este organismo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para intervenir.
Si Santos debe o no acatar la decisión "no debería ni preguntarse", indicó hoy de su lado Petro en una entrevista con Canal Capital, una televisora de la alcaldía. "El sistema interamericano es parte de nuestra constitución, es parte de nuestra institucionalidad", añadió el dignatario seccional al insistir que Santos no tiene otro camino que cumplir la medida de la CIDH.
"Pero el asunto no es tan fácil. Ante la disyuntiva planteada, lo más probable es que Santos se incline por pedir un Concepto del Consejo de Estado. Mientras tanto, la destitución quedaría congelada nuevamente. Si el Consejo de Estado se inclina por la tesis de que el Procurador actuó en derecho y que las decisiones de la CIDH son recomendaciones pero no de obligatorio cumplimiento, el Presidente tendría que destituir a Petro e informar a la CIDH que no puede atender la solicitud pues la justicia del país se ha pronunciado", indica un análisis de el diario colombiano El Tiempo.
Ante ese escenario la CIDH podría llevar el caso ante la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, cuyas sentencias sí son de obligatorio cumplimiento. Si la Corte se inclina hacia la CIDH, podría ordenar la restitución de Petro. Si no, el Alcalde permanecería fuera de su cargo", añade.
Expertos también indican que la suerte del alcalde podría ser analizada por la Corte Constitucional, que tiene la potestad de revisar los fallos emitidos por la justicia local, aunque tiene la discrecionalidad de tomar o no un caso.
El abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche, recordó a la agencia AFP que el máximo tribunal denegó un amparo a favor de la senadora Piedad Córdoba, inhabilitada por la Procuraduría por "extralimitación en sus funciones", al haber oficiado de mediadora en la liberación de rehenes de la guerrilla de las FARC.
Petro enfrenta, en paralelo, un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que está previsto para el 6 de abril y que fue convocado después de que un congresista recogiera decenas de miles de firmas. Sin embargo, este proceso será suspendido si la destitución es finalmente confirmada antes de la fecha de votación.
Antecedentes
La Procuraduría ordenó en diciembre pasado la destitución e inhabilitación de Petro al argumentar que cometió tres fallas graves durante la implantación de un nuevo modelo de recolección de basura en 2012, lo que despertó indignación entre parte de la ciudadanía por la supuesta desproporción de la medida.
