El organismo acordó posible reunión de cancilleres para retomar el orden
Partidarios protestan contra injerencia de OEA
Militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) protagonizaron ayer una marcha para rechazar la injerencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los asuntos internos de la nación sudamericana y apoyar la gestión del presidente Nicolás Maduro.
Según Adán Chávez, vicepresidente del PSUV y también ministro de Cultura, el objetivo es proclamar ante la opinión pública internacional la decisión popular de enfrentar la intentona golpista contra la Revolución Bolivariana, perpetrada en el Consejo Permanente de la OEA este lunes.
Con apoyo desde el exterior, dijo, la ultraderecha venezolana pretende organizar nuevas guarimbas (manifestaciones violentas) con el objetivo de crear un escenario idóneo para un golpe de Estado, pero el pueblo y el Gobierno bolivariano no lo permitirán.
La marcha del PSUV de ayer coincidió con la convocada el último domingo por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otras organizaciones opositoras, para apoyar al Parlamento en su pretensión de remover de sus puestos a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por presunto intento de golpe de Estado.
La oposición venezolana protestó para exigir la restitución de las facultades del Parlamento, un calendario electoral y la liberación de sus dirigentes y militantes encarcelados, luego de que la OEA declarara que en el país hay “una grave alteración” de la democracia.
Un millar de personas intentaban marchar hacia la Asamblea, donde la mayoría opositora iniciará en la tarde un proceso para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados.
Los alrededores de Plaza Venezuela -a donde fueron convocados los opositores- amanecieron custodiados por decenas de militares con vehículos antimotines.
Los cuerpos de seguridad también vigilaban los accesos al centro de la ciudad y varias estaciones del Metro fueron cerradas.
Por su parte, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, repudió la noche del lunes la declaración de la OEA y acusó al organismo de haberse convertido en un “tribunal de inquisición para perseguir a Venezuela”. El organismo también resolvió avanzar en gestiones diplomáticas, incluyendo una posible reunión de cancilleres “para recobrar el orden democrático” en el país.
El texto fue aprobado por consenso de 23 países presentes (de los 34 Estados activos) en una reunión convocada de urgencia. Belice, Bahamas, República Dominicana y El Salvador se abstuvieron.
La remoción es improbable
Las sentencias del TSJ abrieron una fisura en el oficialismo, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega -confesa chavista-, las denunciara como una ruptura del orden constitucional. Debido a ello, Maduro convocó a los poderes públicos a una reunión -a la que no acudió el jefe del Legislativo-, en la cual se acordó la supresión de las más recientes medidas contra el Parlamento.
Pero la oposición, que calificó los fallos como un golpe de Estado, anunció que seguirá en las calles hasta que se respete a la Asamblea, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que la declaró en desacato en enero de 2016.
El presidente descarta un adelanto de los comicios presidenciales, previstos para diciembre de 2018. Los comicios regionales, que debían realizarse en 2016, fueron pospuestos el año pasado y aún no tienen fecha, por lo cual la oposición exige un cronograma.
El vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, anunció que iniciará el procedimiento legislativo para destituir a los magistrados. “Esos jueces todavía desconocen a la Asamblea, no hay elecciones y hay presos políticos. Vamos a activar el proceso de remoción de magistrados”.
La máxima Corte alega que la Cámara está en desacato por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral. “Las posibilidades de remoción de magistrados son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, aliados del Gobierno”, explicó el constitucionalista José Vicente Haro. (I)