Pese al frío y a las precipitaciones en Santiago, cerca de 4.000 venezolanos, 300 colombianos, 750 bolivianos y 300 peruanos acampan frente a las sedes diplomáticas de sus respectivos países para exigir que se les permita salir de Chile tras perder sus trabajos, incluso sus hogares debido a la crisis económica  que acompaña al covid-19.

Aunque las autoridades chilenas habilitaron albergues temporales para evitar que los inmigrantes padezcan las consecuencias del frío que antecede el invierno austral, aseguran que se trata de una situación de hacinamiento preocupante en la que ya se registran varios casos de contagio, e incluso la muerte de un ciudadano venezolano a causa del coronaravirus.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, afirmó que está en contacto con las cancillerías de otros países a las que pidió que asistan a sus ciudadanos y les permitan el retorno a casa.

El caso colombiano
Los migrantes colombianos llevan un mes pernoctando frente a la legación diplomática, ubicada en Providencia.

Estos ciudadanos denunciaron sentirse chantajeados por parte del Gobierno chileno, ya que tuvieron que firmar una polémica declaración jurada a cambio de un vuelo humanitario para retornar a su país en medio de la crisis por la pandemia.

En el documento se les prohíbe regresar a Chile durante nueve años y pide su renuncia a toda solicitud de residencia o refugio.

Sin embargo, la justicia chilena acogió ayer un recurso de amparo presentado por un grupo de inmigrantes colombianos en contra de la Cancillería y de la exigencia de firmar la declaración.

“No existe ningún fundamento legal aplicable válidamente para poder imponer estas medidas. Por tanto, no es una medida de carácter voluntario y menos humanitario, siendo que la gente accede a firmar este documento forzada por el Estado, quien se aprovecha de la necesidad y de la vulnerabilidad de estas personas que están en extrema necesidad”, manifestó Rodolfo Noriega, vocero de la coordinadora Nacional de Migrantes.

La colombiana Claudia Mazo, que busca desde hace  semanas un vuelo para regresar a su país, señala que no quiere salir expulsada de un país en el que lo único que ha hecho, durante seis años, es trabajar.

Esta medida no es nueva, está contemplada desde hace dos años en el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, dirigido a frenar la masiva llegada de haitianos al país, y aprobada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2018, ya que se califica a esta iniciativa como un sistema de deportaciones encubiertas.

El vuelo que estaba programado para este martes, en el que se irían 200 colombianos a su país, fue cancelado y la única opción que recibieron  fue la de acceder a vuelos por los que deben pagar $ 500 si quieren retornar.

Bolivia y Perú
Las autoridades de Perú y Bolivia, por su parte, indicaron a sus ciudadanos que antes de regresar deben pasar la cuarentena fuera de sus fronteras y luego de esto serán trasladados en buses a sus respectivos países.

Esteban Villarreal lleva cinco días frente al consulado de Bolivia y asegura que los primeros días fueron los peores, pero que gracias a la ayuda de ciudadanos y autoridades chilenas pudo sobrevivir. “No hemos podido retornar, queremos volver pronto  porque tenemos la familia abandonada allá. Estamos decididos a hacer cuarentena, pero esperamos que nos den un albergue para no estar en la calle pasando frío”, señaló Villarreal. (I)

Los venezolanos están en precaria situación sanitaria
Las cifras de los venezolanos que buscan un vuelo para retornar a su país llegan hasta los 4.000. Sin embargo, el Gobierno chileno señaló que para que eso suceda el gobierno de Nicolás Maduro debe abrir sus puertas.

Aunque la mayoría de ciudadanos venezolanos ya está en colegios habilitados como albergues temporales, luego de durar varias semanas a las puertas de su embajada, la precaria situación sanitaria los ha convertido en un foco de contagio de covid-19, que incluso causó la muerte de uno de ellos el pasado 2 de junio, quien falleció esperando los resultados de su test diagnóstico.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile alertó por la falta de atención médica y de aislamiento preventivo de personas con síntomas, lo cual calificó como una situación lamentable producto de una “actuación negligente” de las autoridades locales. (I)