Madrid.-

Unos 900 médicos españoles firmaron un manifiesto en el que se comprometen a “seguir atendiendo” a sus pacientes en situación irregular en el servicio de salud pública, pese a una nueva ley que limita a unos pocos casos la asistencia a los sin papeles a partir del 1 de septiembre.

“Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono”, dice el texto que ayer ya habían firmado unos 870 médicos en Internet.

Firmándolo, los doctores entran a formar parte de una red de “objetores de conciencia” creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc), asociación formada por 19.500 profesionales.

Los médicos reaccionan así ante la controvertida medida tomada por el gobierno de Mariano Rajoy en el marco de sus draconianas políticas de austeridad para intentar reducir el déficit público español de 8,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011 a 2,8% en 2014.

Según la medida, desde el 1 de septiembre los inmigrantes en situación irregular en España dejarán de tener acceso al sistema gratuito de salud pública, salvo en los servicios de urgencias, la atención a las embarazadas y la asistencia  a los menores de 18 años.

Una medida con la que, junto con la limitación del “turismo sanitario” por parte de europeos que ya tienen cobertura médica en sus países de origen, el Gobierno español espera ahorrar “aproximadamente mil millones de euros por año”.

En respuesta al malestar de los médicos, el Ministerio de Sanidad aseguró ayer que estudiaba la creación de “convenios” pagados que permitan, sobre todo a los no europeos, “ser recibidos en el sistema público” durante su estancia en el país. No precisó, sin embargo, qué coste tendrían.

Pero el diario El País publicó que los inmigrantes irregulares que requieran ser atendidos tendrán que formalizar un convenio especial de asistencia sanitaria que costará a cada beneficiario 710 euros al año si son menores de 65 años y que podría llegar a 1.864,80 euros por año para quienes tengan más edad.

La organización SOS Racismo  advirtió que “España va a ser la vergüenza de Europa”, si el gobierno establece por ley que los inmigrantes en situación irregular paguen, a través de un convenio, por ser atendidos en la sanidad pública.

A juicio del vocero de la organización, Mikel Mazkiarán, la propuesta, “viene a confirmar que el gobierno, lejos de garantizar y estudiar el acceso a la sanidad, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, lo que hace es una interpretación utilitarista y mercantilista del asunto”.