Fue una demanda colectiva que movilizó a miles de estudiantes en 2011, pero también a parte importante de la ciudadanía para que en el sistema universitario estatal chileno se pudiera estudiar de forma gratuita, un beneficio que se suprimió hace 35 años durante el régimen de Augusto Pinochet. Así, la gratuidad -con calidad- se transformó en una de las principales promesas de la campaña de Michelle Bachelet en 2013 y esta semana se convirtió en una realidad para miles de jóvenes chilenos.

Aunque con muchísimos matices y con cifras menores a las prometidas, la gratuidad universitaria será -por ahora- solo para los estudiantes de bajos recursos, con ingresos familiares de $ 250 por individuo. Se estima que 165 mil universitarios se verán beneficiados por la gratuidad en 2016, el primer año de su implementación.

Hasta ahora, 26.673 jóvenes han postulado con éxito a algunas de las 30 universidades de un total de 33 adscritas al Sistema Único de Admisión que optaron por incorporarse a la gratuidad. Dentro de los centros de estudios que impartirán la gratuidad figuran varias universidades privadas.

Para ingresar a la universidad los estudiantes chilenos deben rendir la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU) –lo que ocurrió a fines de diciembre- y según el puntaje que obtengan pueden postular a la carrera que soliciten con cupos limitados.

Otros 20 mil alumnos que ya habían ingresado a la universidad y que habían obtenido becas o créditos (incluso con el aval del Estado en un sistema regulado por el mercado) también serán beneficiados por la gratuidad.

Según cifras oficiales, el 65% de los seleccionados que podrán adscribirse a la gratuidad, es decir 14.783 jóvenes, optó por universidades estatales, como la Universidad de Santiago (Usach). En este importante centro de estudios, el 63% de sus alumnos nuevos estudiará sin pagar un peso.

“En mi caso, sin la gratuidad no podría estudiar, porque no tengo dinero para crédito, ni mi familia estaba dispuesta a endeudarse por años de años”, cuenta Cristóbal, que optó por ingeniería civil. De acuerdo con el diario La Tercera, de los 141.906 postulantes al sistema de admisión 2016, el 25% proviene de escuelas municipales, 54% de colegios subvencionados y 19,9% de particulares pagados.

“Siempre hemos creído que la educación es un derecho y que estemos avanzando con fuerza en esta dirección nos llena de alegría”, dijo Bachelet, quien en su momento anunció que para 2020 la gratuidad se extenderá para todos, algo que se pone en duda debido al momento económico que atraviesa el país (la proyección de crecimiento para este año apenas supera el 2%), pero también porque no hay consenso para que ello ocurra.

“Hay que ser responsables debido al escenario económico que enfrenta el país”, afirmó Bachelet, que en las próximas semanas debe ingresar al Congreso una nueva ley de educación para hacer extensivo el beneficio de la gratuidad al resto de los estudiantes chilenos.

La gratuidad universitaria, aunque parcial, se suma a otro importante cambio en la educación chilena. El año pasado comenzó a operar el fin del lucro en la enseñanza básica y secundaria, además de la selección en los establecimientos estatales.

En 1981, en pleno régimen de Pinochet, se dictó la Ley Orgánica de Educación que posibilitó la creación de universidades privadas, pero que al mismo tiempo desmanteló la educación pública. Aquello puso fin, en el papel, a la gratuidad, por lo que los jóvenes debieron recurrir a créditos, incluso deudas millonarias para estudiar en las universidades del Estado.

En otra cara de la moneda, no todos están contentos. “Me parece necesaria y justa la gratuidad, pero los que somos de clase media, que vivimos con lo justo, quedamos fuera del sistema y nos veremos obligados a endeudarnos para ir a la universidad”, plantea Grace, que pretende estudiar psicología.

Otra de las críticas es que la gratuidad no incluye a los institutos profesionales ni técnicos. (I)