En política, muchas veces es tan importante el cómo como el qué. Para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, puede que incluso más. Esa es la lectura que los partidos de la oposición y buena parte de los medios de comunicación galos han realizado de su sorpresiva intervención ante diputados y senadores convocados en el Palacio de Versalles con el único fin de explicarles las reformas que se apresta a acometer.

Su decisión de dirigirse a una sesión bicameral extraordinaria, algo que en los últimos nueve años solo ha ocurrido en dos ocasiones y la última fue para que François Hollande declarara la guerra al terrorismo, le acarreó una lluvia de críticas, entre ellas la de comportarse como un monarca absolutista y napoleónico.

Pero, al margen de la puesta en escena, el guion que desplegó el presidente francés ante un hemiciclo abarrotado demostró que no está dispuesto a pasar de puntillas por la historia.

Tal y como prometió en campaña, las reformas que pretende realizar en su primer año de mandato están destinadas a transformar la arquitectura institucional francesa, empezando por un poder legislativo “más centrado en sacar adelante nuevos textos que en evaluar y controlar las leyes importantes que ya han sido aprobadas”.

Así, empezó desgranando que se reducirá un tercio el número de legisladores actuales, 577 diputados en la Asamblea Nacional y 348 senadores.

También aseguró que se suprimirá la Corte de Justicia de la República que hasta ahora se encargaba de vigilar las actividades privadas de los miembros del Gobierno y, por supuesto, que se acometerá la reforma laboral que él mismo intentó implantar cuando ocupó el cargo de ministro de Economía con Hollande. El contenido de su discurso fue tan atípico para un presidente francés que la esperada intervención del día siguiente del primer ministro Edouard Philippe, ante la Asamblea Nacional, quedó reducida a una mera exposición de cifras y fechas sobre el reformismo proclamado por Macron como eje de su mandato.

Apoyado en la aplastante mayoría parlamentaria de su partido, Philippe anunció un inminente y drástico recorte del gasto público en Francia con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% este año. Además de suprimir miles de puestos de funcionarios, el primer ministro adelantó la rebaja paulatina de la presión fiscal y la congelación hasta 2019 de la esperada reforma del Impuesto sobre la Fortuna, una medida largamente reclamada por los sectores con las rentas más altas del país.

La intervención de Edouard Philippe dejó patente que Francia ha entrado en otra dimensión republicana donde el papel que tiene adjudicado el primer ministro será el de ejecutar con prontitud y pragmatismo los objetivos fijados por un presidente convencido de ser el líder más importante del país desde Charles de Gaulle.

“Mi voluntad es responder a la sed de cambio profundo que tiene la sociedad”, exclamó Macron en su inesperado discurso del lunes, apenas interrumpido en un par de ocasiones por tímidos aplausos del millar de diputados y senadores.

“Deseo devolver la soberanía a la nación frente a la desreglamentación del mundo”, concluyó de forma solemne. Advirtió que para lograrlo no dudará en convocar un referéndum que ratifique su transformación del Estado.

En el exterior del Palacio de Versalles aguardaban los representantes de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon y miembros del Partido Comunista, muy críticos con el discurso y la apariencia que el mandatario francés empieza a construir de sí mismo.

“Sus propuestas de liberación y protección son contradictorias”, expresaron ayer varios analistas en las principales cabeceras periodísticas del país. Pero Emmanuel Macron parece decidido a insuflar el oxígeno que reclama la clase política, no solo de Francia, sino en toda Europa. (I)

DATOS

En 2016 el gasto público representó el 56,4% del PIB en Francia. Los impuestos y cotizaciones sociales alcanzaron, por su parte, el 44,4% del PIB.

El primer ministro convirtió otras promesas de campaña en objetivos oficiales, como la convergencia del precio entre el diésel y la gasolina, la construcción de 15.000 plazas de cárcel y la renovación del sistema de pensiones y de la protección social.

En el ámbito de la salud, comunicó que el precio de las cajetillas de tabaco aumentará hasta llegar a los $ 11,40 (10 euros), frente a los $ 7,50 (casi 7 euros) que cuesta actualmente, el objetivo es claro: luchar contra su consumo.

Las autoridades también indicaron que las vacunas serán obligatorias para los niños. (I)