Madrid.-

Asociaciones de inmigrantes residentes en España convocaron a la ciudadanía a manifestarse en varias ciudades del país contra la nueva norma sanitaria que calificaron como “un grave retroceso”, porque a partir de hoy deja a los indocumentados sin acceso a la atención médica, excepto que sea de urgencia.

El portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España (Ferine), Gilberto Torres, denunció en rueda de prensa que más de 700.000 personas quedarán sin tarjeta sanitaria y “sin el derecho a la salud pública universal” con la nueva normativa, según estimaciones de las ONG.

El Ministerio de Sanidad español anulará hoy la tarjeta sanitaria de los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social en el país y de los españoles que no han trabajado y tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año.

Así, los extranjeros sin papeles solo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave y en el embarazo, parto y postparto, a excepción de los menores de 18 años que recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles.

Se trata de una de las medidas de ahorro urgentes decretadas por el gobierno de Mariano Rajoy, el pasado abril, para garantizar el futuro del servicio público en tiempo de crisis económica, sobre el que pesa además una deuda de 16.000 millones de euros.

Ante esta situación, la Ferine convocó a una movilización hoy en Madrid y en otras ciudades españolas, junto con organizaciones de América Latina y Europa del este, así como una acampada ante un hospital de la capital el 13 de septiembre. “Estamos levantando nuestra voz para que esta medida, que al final perjudica a la población más pobre, no sea llevada a cabo”, dijo el peruano Andrés Robles, representante de la Asociación Integrando.

Asimismo, organizaciones de médicos iniciaron una campaña de objeción de conciencia para no obedecer el decreto, a la que ya se sumaron unos 1.800 profesionales sanitarios. Mientras que los gobiernos regionales de Cataluña, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Navarra, Andalucía y Asturias, anunciaron que seguirán atendiendo a los indocumentados dentro del ámbito de sus competencias.