“¡80 pesos un pollo (6 dólares)! ¡Pero si antes estaba en 45! (3,40 dólares)”, exclamó un hombre de unos 50 años en una góndola de un supermercado de la multinacional Carrefour en el barrio de Villa Devoto, oeste de la capital.

Un jubilado, con el paso cansado pero muy despierto, se le acercó por detrás: “Ya es tarde para lágrimas”.

Los argentinos comenzaron 2016 con decretos presidenciales de todo tipo, el fin de  retenciones a las exportaciones industriales de granos y de carne que favorecieron a los grandes productores del campo y a importantes corporaciones, el anunciado retiro de subsidios a tarifas de servicios esenciales y de impuestos a automóviles de alta gama y una fuerte devaluación del peso que hizo disparar los precios. Pero la inflación no solo alcanzó al escuálido pollo del supermercado de Villa Devoto. Las gasolinas aumentaron 6% esta semana y para marzo se prevé otro sacudón en los combustibles.

Pero hay más. En febrero se esperan alzas del 300% en las tarifas de luz y gas a los usuarios de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires al quitarse los subsidios oficiales al consumo que gozaban los habitantes de estos dos distritos donde vive el 40% de la población del país y que no tenía su correlato en el interior. Los beneficios solo se mantendrían en los hogares más desfavorecidos. Sin embargo, el ‘tarifazo’ no tendría freno: habría más aumentos ‘graduales’ en el sector energético, según prometió el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en lo que el grupo mediático Clarín definió como un ‘sinceramiento’ de precios. Las boletas del impuesto municipal en la capital argentina llegaron con aumentos cercanos al 100% y se analiza el fin de subsidios al transporte, lo que también marcaría un fuerte aumento en pasajes de trenes y bus.

La inflación, según estimaciones de expertos, cerró en diciembre en torno al 4% y llegaría a 5% en enero. El presidente, Mauricio Macri, advirtió con abrir el grifo de las importaciones para evitar una mayor escalada inflacionaria, un problema que se viene sucediendo en el país hace varios años, pero que pone en jaque el plan económico del nuevo gobierno neoliberal.

“Se anunciaron las bajas de impuestos para los granos, para la carne, pero todavía no hubo nada para los trabajadores”, resumió el secretario general del Sindicato de Panaderos, Abel Frutos, referente de la Confederación General del Trabajo (CGT) que comanda el dirigente camionero Hugo Moyano, un exreferente sindical kirchnerista que respaldó a Macri en la campaña electoral.

La única medida que apuntó a sostener a los argentinos con mayores necesidades fue el pago extraordinario de 400 pesos  ($30) en la Asignación Universal por Hijo, un plan aprobado por ley durante el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El pago se hizo por única vez y sirvió para sobrellevar la mesa de las fiestas de fin de año. También se anunció la quita del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo de diciembre para salarios menores a 30.000 pesos  ($ 2.225). El Gobierno prometió elevar en breve el piso a ese monto para aplicar el impuesto.

Los gremios están en alerta. Las llamadas ‘paritarias’ -negociaciones colectivas de salarios entre trabajadores y empresarios, reactivadas después de 40 años por el kirchnerismo- comenzarán en marzo y los sindicatos advierten que no habrá un piso en los reclamos de aumentos salariales.  

La contraofensiva llegó enseguida desde el Gobierno con una amenaza velada de despidos. “Cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay. Macri (que como empresario exitoso durante el neoliberalismo vigente en los años 90 pidió “bajar los costos y los salarios porque son un costo más”)  ha dejado entrever que quiere atar los aumentos salariales de este año en cada rama laboral a la productividad y no a la inflación como ha sido en los últimos años. Esta postura es impulsada por grupos empresarios.

Hugo Yasky, titular de la rama kirchnerista de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), dijo que la posición del Gobierno y de algunos hombres de negocios de cara a las paritarias “tiene una arista extorsiva. No pueden poner en juego el empleo en pos de una paritaria”.

“La búsqueda de esos empresarios es convertir los salarios de los trabajadores en rentabilidad propia. Quieren discutir productividad y nosotros queremos discutir con paritarias libres y que se respete el modelo que venimos llevando adelante desde hace 12 años ininterrumpidamente”, agregó Yasky.

Macri, a casi un mes de asumir el gobierno, no utiliza las cadenas de radio y TV para hacer anuncios como hacía hasta la exasperación la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Prefiere publicar sus medidas a través del Boletín Oficial mediante decretos de necesidad y urgencia, sorteando al Congreso que está en receso por el verano austral y evitando llamar a sesiones extraordinarias. Dos de esos decretos fueron cuanto menos polémicos: el que intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema (una medida suspendida hasta marzo ante las fuertes críticas de todo el arco opositor) y el que intervino a dos organismos encargados de velar por la aplicación de la llamada Ley de Medios, que de hecho quedó suspendida y que estaba en manos, hasta 2017, de funcionarios afines al kirchnerismo.

Los argentinos que se inclinaron por Macri en el balotaje del 22 de noviembre pasado lo hicieron en especial por sus promesas de mayor ‘institucionalidad’ contra ciertos ‘atropellos’ atribuidos al kirchnerismo y contra la independencia de poderes y la idea de un ‘cambio’. Ahora muchos se muestran sorprendidos y empiezan a sentir los efectos de un ajuste que no estaba en sus planes. Argentina entró de lleno en un año difícil. (I)

Gobierno tendrá representación  en Enacom

Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 7/2016 se formalizaron las designaciones de autoridades en el recientemente creado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplaza a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). El decreto que creó el Enacom también eliminó el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones, donde participaban representantes de las universidades, los sindicatos y las provincias.

La conducción y administración del nuevo ente serán ejercidas por un directorio, integrado por un presidente y 3 directores nombrados por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bilateral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización. De esta forma el Gobierno tendrá una mayoría asegurada de 4 miembros sobre 7 y también se reserva el derecho de finalizar el mandato de los directores a través de un decreto.

El decreto, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, oficializa al exsecretario de Medios porteño, Miguel de Godoy, como presidente del directorio de Enacom. (I)