La libertad e independencia de Gran Bretaña para resolver temas como el cambio climático, proteger a los consumidores o garantizar la existencia del servicio público de salud británico “está en serio riesgo” debido a un acuerdo comercial negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), advirtieron parlamentarios y varios grupos de presión.

Bajo el plan apoyado por la Comisión Europea, las empresas multinacionales recibirán más poderes para poder demandar a gobiernos europeos que adopten políticas públicas vistas como “discriminadoras” contra el libre comercio.

Tanto parlamentarios británicos como grupos de presión advirtieron que acuerdos comerciales similares llevaron a que muchos países fueran demandados por adoptar políticas de bien público, como medidas contra el tabaquismo, la obesidad o el consumo de comida chatarra, ya que estas eran vistas como discriminadoras contra inversores extranjeros.

Un ejemplo de ello es Australia, que fue demandada por la tabacalera Philip Morris por haber introducido medidas para obligar a las empresas del sector a vender atados de cigarrillos con paquetes más simples y menos atractivos.

También Canadá ha sido demandada, por la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, luego de revocar patentes para drogas después de que concluyeran que sus beneficios habrían sido exagerados.

El parlamentario conservador Zac Goldsmith afirmó que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE “amenazará la soberanía del Gobierno británico y a todo su sistema legal”. “Las disputas entre las compañías y los legisladores en este país deben siempre ser resueltas en las cortes británicas”, sostuvo el diputado oficialista.

Más de 200 organizaciones en Europa, desde el Congreso de Sindicatos británicos (TUC), Greenpeace y “War on Want”, escribieron una solicitada a los negociadores estadounidenses y europeos demandando que retiren del tratado final el apartado conocido en inglés con las siglas ISDS (acuerdo de disputas inversor-Estado).“El ISDS es un camino de una sola mano por el cual las corporaciones pueden desafiar políticas públicas del gobierno, pero ni los gobiernos ni los ciudadanos reciben derechos comparables para enjuiciar a las compañías”, destacó la misiva.

En el Reino Unido, varios grupos de presión escribieron al Ministerio de Negocios británico, en tanto que en el Parlamento, una coalición de legisladores de todos los partidos pidió un debate para que dicho tratado comercial sea congelado hasta que se resuelvan los temas más contenciosos.

Tanto la Comisión Europea como el Gobierno británico indicaron que el acuerdo incluirá salvaguardas para prevenir abusos por parte de multinacionales y corporaciones, y de esa forma garantizando el derecho de los gobiernos europeos a “perseguir políticas públicas legítimas como medidas sociales, medioambientales, de seguridad, salud y seguridad” sin el temor de ser demandados.