La reforma energética, aprobada ayer de forma definitiva por la Cámara de Diputados de México, abre las puertas al capital privado para la explotación de hidrocarburos, pero además elimina la presencia del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex.

El artículo 20 transitorio de la reforma señala que en las empresas productivas del Estado, es decir el nuevo estatus de Pemex, su Consejo de Administración se reduciría de 15 a 10 integrantes y quedará conformado por 5 consejeros del Gobierno Federal, incluyendo al secretario de Energía, que lo presidirá, así como 5 consejeros independientes. Ese artículo, que no incluye la presencia de dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm), fue una condición del Partido Acción Nacional (PAN) para respaldar la reforma energética.

Con la modificación, la organización gremial encabezada por el senador priísta Carlos Romero Deschamps perderá poder en las decisiones de Pemex. El sindicato ocupaba cinco lugares dentro del Consejo y tenía poder de voto para avalar o echar atrás los proyectos considerados vitales por la paraestatal que necesitaban el visto bueno del Consejo a fin de ejecutarlos.

El poderoso sindicato de Pemex ha tenido representación en el Consejo de Administración de la institución desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el presidente que decretó la expropiación petrolera en 1938.

La reforma, que fue aprobada en lo general el miércoles durante un acalorado debate en la Cámara de Diputados, que incluyó insultos, golpes, disfraces e incluso el desnudo de un político en tribuna, fue sometido ayer a una última votación. Ahora tendrá que ser aprobada por la mitad más uno de los 32 congresos estatales para que posteriormente sea promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

El proyecto prevé acabar con 75 años de monopolio energético estatal y abrir al capital privado nacional y extranjero la exploración y extracción de hidrocarburos.

También prevé distintos tipos de contrato, de servicios, de utilidad o de producción compartida o de licencia, algo que la izquierda ve como una privatización del sector y la apertura a concesiones encubiertas.

El proyecto incluye la creación de un fondo que se encargará de administrar las regalías petroleras, teniendo en cuenta que Pemex, la petrolera estatal, destina actualmente un 67% de sus ganancias a las arcas públicas mexicanas.

Con esta normativa, el Gobierno busca impulsar la producción de crudo de Pemex, que ha caído en un 25% desde su récord de 3,4 millones de barriles por día en 2004 a 2,5 millones en la actualidad.

La izquierda rompe alianza con Gobierno

La izquierda mexicana decidió retirarse ayer del llamado Pacto por México, una inédita alianza que el Gobierno y los dos principales partidos opositores suscribieron en diciembre pasado para impulsar reformas de gran calado, debido a que se le retiró el monopolio estatal al sector energético.

“El Pacto por México está muerto. ¿En dónde queda? En el limbo, en las pretensiones de querer hacer parecer como que aquí estamos las tres fuerzas principales sacando cosas en un excepcional momento para la vida nacional, cosa que fue cierta durante un año, pero ya no más”, dijo el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano. (AFP)