Kabul vivió el domingo una jornada de duelo y enterró a los muertos del peor atentado en 15 años, un ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), que golpeó en la víspera una marcha de la minoría chiita hazara y dejó 80 muertos.

Numerosas personas pasaron la noche en vela, en medio de charcos de sangre, en la plaza DehMazang, rebautizada "plaza de los Mártires" por el presidente Ashraf Ghani en homenaje a las víctimas del doble atentado suicida, que dejó también más de 230 heridos.

Familiares de sobrevivientes se agolpaban frente al hospital Istiqlal, el más cercano al lugar de la matanza, en espera de noticias sobre sus allegados.

En la mezquita Mazari, en la misma zona, las autoridades extendieron una inmensa bandera afgana llevada por los manifestantes, sobre la que colocaron pertenencias de los fallecidos: zapatos, ropa, chales ensangrentados, frente a los cuales las personas estallaban en llanto y expresaban su desesperación.

En una colina cercana, en el cementerio adyacente las tumbas fueron excavadas con pala y también con retroexcavadoras para poder recibir a las víctimas envueltas en la mortaja tradicional.

"Las filas de hombres y mujeres afganas que se ofrecen para donar sangre para sus compatriotas heridos es un signo conmovedor de la resiliencia y la solidaridad del pueblo afgano frente a esta violencia espantosa", dijo la ONU.

El organismo calificó la matanza como "un crimen de guerra", mientras que el Casa Blanca condenó el ataque como un atentado cruel, "todavía más despreciable aún por el hecho de que golpeó una manifestación pacífica".

Se trata de la peor masacre cometida en Kabul desde la intervención estadounidense de 2001, que expulsó del poder a los talibanes, y del atentado de mayor envergadura llevado a cabo por el EI en esta ciudad de 5 millones de habitantes.

El presidente Ghani ordenó crear una comisión para llevar a cabo una "investigación exhaustiva" y prometió "vengar a las víctimas" y castigar a todos los implicados en el atentado, "dondequiera que se encuentren".

El gobierno prohibió concentraciones y desfiles durante diez días. (I)