Joaquim Torra toma posesión en Cataluña envuelto en polémica
En un acto discreto, alejado de las alhajas que acompañan a este tipo de ceremonias, Joaquim “Quim” Torra tomo posesión del cargo de presidente de Cataluña.
Y para ello utilizó idéntica fórmula a la que usó el expresidente Carles Puigdemont en 2015 y que tan mal sabor de boca dejó en las instituciones del Estado. Es decir, ni una sola referencia al rey Felipe VI ni a la Constitución española: “Prometo cumplir lealmente las atribuciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña representada en el Parlament”.
El acto fue discreto, sobrio, de apenas cinco minutos de duración y sin la presencia de ningún miembro del gobierno entre sus asistentes y de miembro alguno de los partidos no nacionalistas del arco parlamentario catalán.
Entre los invitados solo estaban el presidente del Parlamento, Roger Torrent; el jefe de los Mossos D’ Esquadra, Ferrán López y la familia del gobernante.
En el trasfondo de la ceremonia planeaba la polémica creada por la investidura de un dirigente acusado de “xenófobo” y “excluyente” por la oposición a raíz de los artículos que dejó impresos antes de llegar a la escena política.
Analistas no escatiman adjetivos contra Torra, cuyo nacionalismo lo relacionan con “la Yugoslavia de Milosevic o la Italia de Mussolini”.
Con estos antecedentes, la posibilidad de que el clima de enfrentamiento territorial disminuya bajo su mandato parece una quimera. En Europa también se mira con preocupación las consecuencias de su nombramiento.
El periódico francés Le Monde tildó al presidente de “racista”. El Frankfürter Allgemeine Zeitung alemán destacó algunos de sus controvertidos mensajes públicos como el que aseguraba que Catalunya está “ocupada” por España o que “los españoles solo saben expoliar”.
La BBC calificó a Torra como un político del “ala dura del independentismo”.
En medio de la desbordante tensión, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió a Mariano Rajoy que mantenga vigente el artículo 155 de la Constitución, que indica que se puede suspender cualquier autogobierno autonómico. (I)