El Brasil de Michel Temer permitió la apertura de un clima político favorable a violencia en el campo, por la disputa de tierras de los hacendados contra comunidades indígenas y movimientos de campesinos que pugnan por la reforma agraria, según un informe.

Al menos 66 activistas de derechos humanos fueron asesinados el año pasado en Brasil, de acuerdo al informe inédito ‘Vida en Lucha’ divulgado por el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos.

En 2015, la Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica contabilizó la muerte de 50 campesinos por disputas de tierras. Este estudio identifica el homicidio de los líderes locales y regionales de derechos humanos y sociales.

“El aumento de la violencia se da en un escenario de golpe de Estado, con retirada de derechos, criminalización, vaciamiento político y financiero como los órganos Incra y Funai, encargados de la reforma agraria y del asunto indígena”, dice el comunicado divulgado en una de las ciudades más violentas del país, Marabá, en el estado de Pará.

Además del asesinato de los activistas, el informe apunta a otros 64 casos en los cuales militantes de derechos humanos fueron perseguidos, atacados o amenazados.

“Este dossier que presentamos forma parte de un intento inicial del comité de presentar un diagnóstico de la situación de los defensores de derechos humanos en Brasil.

Entre  2016 y 2017 presentan una creciente violencia y criminalización de los movimientos sociales. No queremos que esto sea invisibilizado”, dijo la abogada Layza Queiroz, de Terra de Direitos (Tierra de Derechos), una de las 24 entidades que participaron en el trabajo.

El comité lo integran brazos de la Iglesia Católica como el Consejo Misionero Indígena (CIMI) y la Comisión Pastoral de la Tierra.

¿Qué ocurrió?

En mayo pasado, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y   el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos reclamaron a Brasil el incremento de la violencia en el campo, luego del homicidio de 10 campesinos en Pau de Arco, estado de Pará, por parte de pistoleros supuestamente sicarios contratados por terratenientes que buscaban ocupar tierras fiscales de la reforma agraria.

En la región del norte amazónico es donde se registran más disputas de tierras, sobre todo por el llamado avance de la frontera agrícola. Una de las marcas del gobierno de Temer es haber otorgado al poderoso bloque parlamentario de los ruralistas una serie de salvaguardas para avanzar sobre la selva y disminuir los órganos de defensa indígena y campesina.

En 2006, la Amazonía registró  el asesinato de 32 líderes de derechos humanos. “Es alarmante la situación en el norte amazónico”, dice el informe sobre la región que limita al norte con Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Colombia, Perú y Bolivia. Rondonia, fronterizo con Perú, cuenta con 19 homicidios, personas enfrentadas con el poder de madereros, latifundistas y grandes empresarios.

El estado de Rondonia “es conocido porque las denuncias apuntan a la articulación de los grandes propietarios de tierras con agentes públicos de la policía y grupos de pistoleros”, agrega la notificación. Señala que existe persecución ideológica y política contra movimientos sin tierra (MST) y otras organizaciones sociales.

En la región más pobre del país, el nordeste, hubo 24 asesinados de líderes de derechos humanos. La mayoría de los casos (15) se encuentra en el estado de Maranhao.

En otras regiones, como en las ciudades, el informe alerta sobre “asesinados que son disfrazados de conflictos individuales o tráfico de drogas, una imputación común a manifestantes durante las protestas contra el gobierno. En los centros urbanos existe una dinámica acelerada y naturalizada de la violencia brutal, extendida y difusa, que dificulta la visualización y comprensión de los ataques perpetrados contra defensoras y defensores de derechos humanos”, dice el informe, que denuncia que grandes empresas financian milicias.

La entidad Artigo 19, que forma parte del comité, apuntó que las manifestaciones contra el gobierno de Temer tuvieron en una semana “acciones de represión policial en 24 protestas contrarias al juicio político contra Dilma Rousseff en nueve estados diferentes. Se incluye la detención de 24 personas sin motivo antes de un acto en Sao Paulo con el objetivo de criminalizarlas”. (I)