Los propietarios que alquilen viviendas a inmigrantes irregulares podrían ser condenados a penas de cárcel, según un proyecto de ley del gobierno británico, presionado por amplios sectores para que endurezca su postura en el tema de la inmigración.

La medida, que prevé hasta cinco años de cárcel para quienes no verifiquen el estatus legal de los inquilinos, formará parte del nuevo proyecto de ley sobre inmigración que el gobierno conservador pretende presentar al parlamento en otoño, dijo el lunes Greg Clark, secretario de Estado de Comunidades.

Hasta ahora la idea era multar a los propietarios, pero el gobierno de David Cameron decidió finalmente medidas más severas.

El proyecto de ley contempla además confiscar los salarios de los inmigrantes irregulares.

Los intentos de miles de inmigrantes de alcanzar el Reino Unido desde la localidad francesa de Calais, al otro lado del Canal de la Mancha, ha reavivado las demandas de mano dura. (I)