La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles, lo que generó tensión política e incertidumbre sobre las investigaciones en curso de estos crímenes.

La ley ahora cuestionada fue aprobada por el oficialista Frente Amplio con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

“Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso”, explicó Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.

El organismo justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la constitución. La decisión de la SCJ causó decepción entre miembros del régimen y fuerzas sociales, que convocaron para el lunes a través de las redes sociales a una movilización en Montevideo.

En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) que integra el Gobierno, analiza pedir el juicio político de los integrantes de la Corte.