El Tribunal argentino efectúa una audiencia por los delitos de lesa humanidad
Exrepresor rompe pacto y revela sepulcros de 25 víctimas de la dictadura argentina
¿De ‘carapintada’ a arrepentido? Un exrepresor argentino, actor clave de uno de los levantamientos militares contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89), protagonizó un inesperado quiebre en un tribunal que lo juzga por crímenes de lesa humanidad. Sentado en el banquillo de los tribunales de Córdoba, en el centro del país, el exmayor Ernesto Guillermo Barreiro reveló en un escrito el lugar exacto donde fueron enterrados 25 desaparecidos durante la dictadura.
Barreiro, de 67 años y apodado el ‘Nabo’, mencionó que la mayoría de sus víctimas está enterrada en el centro de detención conocido como La Perla, en el predio donde funcionaba el III Cuerpo del Ejército, donde se desempeñó como un cruel jefe de interrogatorios. Pero fue más allá: mencionó sus identidades.
El exmilitar, que llegó a liderar el grupo ultraderechista Comando Libertadores de América, es un personaje oscuro y conocido en el mundillo de la represión argentina. En 1987 se negó a declarar en un juicio en el que estaba imputado y se refugió en un cuartel para escaparse de la justicia que comenzaba a juzgar a los represores de la dictadura.
Su acuartelamiento originó la asonada militar ‘carapintada’ de Semana Santa, del que fue partícipe activo. Poco después, por presión castrense, Alfonsín se vio obligado a impulsar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que echaron por tierra los juicios hasta la asunción de Néstor Kirchner (2003-2007) que impulsó la derogación de ambas leyes.
Según fuentes militares, la confesión de Barreiro representa un giro en la estrategia judicial de los represores, que desde siempre han optado por cumplir un implícito ‘pacto de silencio’ en torno a la ‘guerra sucia’ que dejó 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983. El objetivo sería obtener una pena menor.
Barreiro vivió oculto en EE.UU.
“Es un quiebre de la línea que se mantuvo constante en los últimos 30 años. Hasta ahora los restos encontrados nunca fueron por aportes de la propia tropa”, dijo un general retirado al diario La Nación, habitualmente con buena llegada al ámbito castrense.
Barreiro vivió algunos años oculto en Estados Unidos tras ser beneficiado por las leyes del perdón. En 2004 se radicó junto a su familia en el estado de Virginia, pero en 2008 fue extraditado a pedido de la justicia argentina. Actualmente está acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los centros de torturas más emblemáticos del régimen militar. En concreto, está imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegítimas de libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravados, 65 homicidios, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años.
El exrepresor mencionó que 20 detenidos fueron sepultados en los llamados Hornos de La Ochoa, en La Perla; cuatro fueron ejecutados y enterrados en otro sector del predio y el restante en Villa Ciudad América, cerca del dique Los Molinos, en Córdoba. El juez Jaime Díaz Gavier ordenó una inspección ocular y llamó al Equipo Argentino de Antropología Forense para encargarse de los trabajos de búsqueda de restos. Una primera búsqueda no dio resultados.
“Este es un hecho de mucha significación. Nunca ha ocurrido que imputados en esta causa expresen su voluntad de colaborar”, dijo el magistrado.
En total, la llamada megacausa de La Perla reúne 27 causas por delitos de lesa humanidad. Los acusados suman unos 50, el más conocido de ellos es el exrepresor Luciano Benjamín Menéndez, excomandante del III Cuerpo del Ejército. El juicio se extenderá hasta mediados de 2015.
“Los imputados están dispuestos a paliar el dolor de sus deudos, indicar guías para que el tribunal pueda encontrar a las personas desaparecidas”, dijo el abogado de Barreiro, Osvaldo Viola, aunque la desconfianza sigue reinando en organismos de derechos humanos que sospechan de una ‘guerra psicológica’ iniciada por el exmilitar ‘carapintada’.
Pero según el diario La Nación, en los últimos meses comenzó a circular en sectores del Ejército la idea de impulsar un pedido de perdón y reconocimiento de responsabilidades. El objetivo apunta a lograr la reconciliación con la sociedad civil. Por ello, siempre de acuerdo al periódico, comenzó a redactarse “un texto pensado para publicar en una solicitada en los diarios, que no llegó a reunir un consenso amplio”.