España crea mando único para la policía catalana
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a los independentistas catalanes a asumir que el 1 de octubre “no va a haber” referéndum, tras las enérgicas medidas emprendidas esta semana contra la consulta.
“Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático hoy es parar. Digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber”, clamó Rajoy desde Palma de Mallorca (este), en un acto de su formación conservadora, el Partido Popular (PP).
Según él, los líderes independentistas catalanes “son los responsables de lo que está sucediendo. Hoy saben además que el Estado de derecho ya impidió el referéndum, lo saben, son plenamente conscientes”.
En su esfuerzo por impedir la consulta, prohibida por la justicia española, el gobierno de Rajoy dio un nuevo paso ayer: asumir la coordinación de las fuerzas policiales en Cataluña, incluyendo la policía regional, los Mossos d’Esquadra.
El gobierno independentista catalán no tardó en denunciar la medida como una suspensión de la autonomía de la región. “Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos d’Esquadra”, dijo el consejero de Interior, Joaquim Forn, cuyos servicios están “estudiando” un recurso.
Un portavoz del ministerio del Interior explicó que esto “no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d’Esquadra”, lo cual es bastante delicado en una Cataluña muy celosa de su autonomía. El objetivo, según él, es “reforzar el dispositivo” encaminado a impedir el referéndum.
La medida se suma a una cascada de actuaciones impulsadas esta semana por el gobierno español contra la celebración del referendo.
El miércoles pasado, la Guardia Civil registró edificios oficiales del gobierno catalán y detuvo a 14 personas, incluidos altos cargos regionales que quedaron en libertad con cargos.
Las cuentas del Gobierno catalán fueron intervenidas, millones de papeletas incautadas, e igualmente se enviaron refuerzos policiales, alojados en tres barcos frente a las costas catalanas.
Por otro lado, el viernes dimitieron a instancias del Ejecutivo catalán, los miembros de la junta electoral creada para la consulta, a los que el Tribunal Constitucional impuso multas de 12.000 euros diarios.
El jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dejó claro que la consulta sigue adelante, tras aseverar que hay “planes de contingencia”. (I)
