El presidente de España, Mariano Rajoy, se disculpó ayer ante sus compatriotas en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido, al día siguiente de que varios funcionarios regionales del Partido Popular (PP) fueran detenidos por un caso de cobro de comisiones ilegales. “Pido perdón en nombre del PP a todos los españoles por haber situado en puestos de responsabilidad a quienes no eran dignos para ello”, dijo el jefe del Ejecutivo en la Cámara Alta tras anunciar que los implicados serán destituidos.

El PP se vio envuelto en un nuevo caso de corrupción, al destaparse una trama que presuntamente adjudicaba servicios y obras públicas en ayuntamientos y gobiernos regionales a cambio de comisiones ilegales. Es también la segunda vez que Rajoy pide disculpas, la primera fue por el caso Bárcenas en 2013.

La ‘Operación Púnica’ terminó con 51 detenidos entre los que hay alcaldes, dirigentes locales y regionales y funcionarios públicos. La mayoría de ellos pertenece al partido gobernante, entre los que se destacó Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del gobierno regional de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre.

La trama, que habría intervenido en contratos por valor de 250 millones de euros (unos $ 320 millones), según la Fiscalía Anticorrupción, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los políticos implicados, pertenecientes a 3 partidos distintos -PP, PSOE y los independientes de la UDMA- y no la financiación de sus respectivas formaciones. Los políticos cobraban supuestamente comisiones de hasta el 2% y 3% de cada contrato público, según fuentes jurídicas.

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De esta forma, según las primeras estimaciones barajadas por los investigadores y en atención al porcentaje que presuntamente habrían recibido por cada contrato, los imputados podrían haber obtenido unos ingresos que oscilarían entre los 5 y 7 millones y medio de euros, detalla diario El Mundo.

La investigación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, revela que la organización desmantelada con la ‘Operación Púnica’ se dedicaba a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios.

A los detenidos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización criminal.

El escándalo se sumó a un listado con miles de causas judiciales abiertas y millones de euros defraudados en un país en el que, según un informe de la Comisión Europea, el 95% de los ciudadanos piensa que la corrupción está extendida.